BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El que fue letrado mayor del Parlament en la XI legislatura Antoni Bayona ha declarado como testigo este miércoles en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha confirmado que advirtió a la Mesa de que podía incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional (TC) al tramitar las leyes de desconexión y las propuestas de resolución que contenían la declaración de independencia.
En su declaración este miércoles ante el tribunal catalán, Bayona ha explicado que ya en julio de 2016 alertó a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell de que la votación de las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, que se votaron alterando el orden del día, podía contravenir mandatos del TC.
Asimismo, se advirtió a la Mesa de que la Ley de Presupuestos de 2017, que contenía una disposición para sufragar referéndum, también podía ser inconstitucional.
Sobre por qué hizo estas advertencias, Bayona ha recordado que estaba apercibido por el TC de su deber de hacer cumplir sus mandatos y porque entendía "que la tarea de asesoramiento obliga a advertir cuando es necesario a las personas que pueden tener un problema y pueden tener responsabilidades".
Ha explicado que durante la votación del pleno del 6 y 7 de septiembre de la Ley del referéndum y de la de transitoriedad jurídica, el secretario general, Xavier Muro, ordenó que no estuvieran presentes los funcionarios "debido a la naturaleza de la situación".
Preguntado por el fiscal Pedro Ariche, sobre por qué las proposiciones de ley del referéndum y de transitoriedad se presentaron a finales de julio pero no llegaron a la Mesa para tramitar hasta el mismo día del pleno, el ahora letrado del Parlament ha explicado "no es habitual" que tarde tanto y que fue porque Forcadell quería estudiarlas a fondo.
CONTROL DE LA MESA
Sobre uno de los debates en los que se centra el juicio, sobre si la Mesa puede estudiar o no el fondo de las iniciativas parlamentarias antes de admitirlas a trámite, Bayona ha indicado que el principio general y la doctrina indican que "la Mesa no tiene capacidad de control político".
La función de la Mesa es admitir a trámite una propuesta y calificarla sobre cómo se tramitará, lo que implica valorar que cumple los requisitos formales.
Sin embargo, ha explicado que la nueva doctrina del TC preveía poder hacer un juicio de constitucionalidad de las propuestas, y que como letrado mayor defendió en un escrito de alegaciones ante el TC que era "desproporcionado" porque podía limitar el derecho a la iniciativa parlamentaria, ya que las propuestas pueden modificarse y enmendarse durante el trámite parlamentario.
