El Gobierno de Colau niega coacciones al fondo Vauras y asegura que aplicó la ley

   BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, y la concejal de Vivienda, Lucia Martín, han negado este lunes que el Ayuntamiento coaccionara al fondo de inversión Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad --entre ellos el Bloc Llavors-- que estaban ocupados por familias vulnerables, y aseguran que aplicaron la ley.

   Ambos han comparecido en rueda de prensa junto al abogado Álex Sola después de que la Audiencia de Barcelona haya ordenado investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a ellos mismos por presuntamente coaccionar al fondo de inversión para que diera en alquiler social dichos pisos, según ha avanzado 'eldiario.es' y ha comprobado Europa Press en el escrito del tribunal.

   Serra ha insistido en que se trata de unos hechos ya archivados previamente, ya que el primer juzgado que recibió la querella contra Colau decidió archivar el caso por falta de indicios, aunque Vauras recurrió esta decisión y ahora la Audiencia de Barcelona ordena investigarlo, en contra del criterio de la Fiscalía.

   En ese sentido, Sol ha detallado que la querella fue inadmitida al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y que "esto lo hacía después de analizar la normativa legal y reglamentaria en vigor en el momento de los hechos".

   "De lo que se nos acusa realmente es de aplicar la legislación de vivienda, una legislación que se aprobó durante los últimos años en el Parlament, que protege los derechos de los vecinos y nosotros no podíamos hacer otra cosa que aplicarla", ha defendido Serra.

SEIS EXPEDIENTES SANCIONADORES

   Por su parte, Martín ha asegurado que es un "caso clarísimo de especulación inmobiliaria en el que un fondo de inversión de capital global inicia un proceso de expulsión de vecinas", ante el que el consistorio envió un requerimiento al fondo para que cumplieran la norma y ofrecieran vivienda social.

   "Ante los incumplimientos reiterados y teniendo en cuenta que continuaban los desahucios, el Ayuntamiento inició los expedientes sancionadores", seis en concreto, por una cuantía total de sanción de 417.000 euros, ha detallado.

"SE ARCHIVARÁ"

   Ante la resolución judicial, Serra ha afirmado que la actitud del Ayuntamiento será de "máxima colaboración" y que enviarán todos los expedientes y documentación necesaria, y ha pronosticado que la querella se archivará.

   "No es nada nuevo, tenemos ya 10 denuncias como ésta. La mayoría responden a perfiles parecidos, fondos de inversión, multinacionales, lobbies de ultra derecha", sobre las cuales ha recordado que han terminado archivadas.

   "No estamos ante una cuestión jurídica, sino de un debate político sobre cómo se debe abordar la especulación en nuestra ciudad y país. Ha habido un conjunto de decretos, leyes en el Parlament, que dan nuevos derechos a los inquilinos y no renunciaremos a aplicarlo aunque haya un fondo de inversión que no les guste", ha sostenido.

   En la misma línea, Martín ha lamentado que estas querellas busquen parar la actuación del Ayuntamiento, según ella, y ha asegurado que no lo conseguirán: "Continuaremos cumpliendo la ley, defendiendo el derecho a la vivienda de las vecinas".