Un protocolo garantizará a los afectados el acceso a los servicios sociales de Barcelona
BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justicia, Germà Gordó, ha apostado este lunes por modificar la Ley Hipotecaria, el Código Civil catalán y las leyes procesales "para dar respuestas a situaciones tremendamente injustas" que sufren las familias desahuciadas.
Lo ha dicho en un acto en el Palau de Justicia para crear un protocolo de actuación en desahucios que han firmado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el decano del Colegio de Abogados (Icab), Pedro Yúfera, y el del Colegio de Procuradores, Ignacio López Chocarro.
Más allá del protocolo, Gordó ha apostado por estas reformas legislativas para tratar de dar respuesta a las situaciones que sufren familias y personas "que no tienen ninguna culpa de encontrarse en una situación económica que les aleja de su vivienda habitual".
El protocolo, que se suscribe por el momento únicamente a la ciudad de Barcelona, garantizará que los ciudadanos que pierdan su vivienda por desahucios o ejecuciones hipotecarias accedan a los servicios sociales municipales lo más rápido posible para evitar riesgos de exclusión social.
El presidente del TSJC ha apostado por que esta iniciativa, que de momento se reduce a los desahucios de Barcelona, pueda extenderse próximamente "a todo el territorio".
En la misma línea se ha expresado el alcalde, que ha propuesto también que los pisos de la Sareb o 'banco malo' puedan destinarse "a la gente que sufre" estas ejecuciones hipotecarias, y ha incidido en la necesidad de la prevención para evitar que se consumen estos desahucios.
El decano del Icab ha asegurado que la abogacía no puede ser ajena a los problemas sociales y ha asegurado que este protocolo "posibilitará que se activen rápidamente unos mecanismos que ayuden a paliar uno de los momentos más duros" en la vida de una persona, como es la pérdida de la vivienda.
Con este protocolo, los abogados tendrán que hacer constar las circunstancias de riesgo social de sus clientes y el Ayuntamiento pondrá a disposición sus servicios sociales para ayudar auxiliar a los desahuciados.
