El conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Cataluña, a 25 de mayo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España).
El conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Cataluña, a 25 de mayo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press
Publicado: miércoles, 1 junio 2022 14:09

   Ven en los actos del Govern "una clara estratagema para no cumplir la sentencia"

   BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han denunciado este miércoles al conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzlez-Cambray, por un presunto delito de desobediencia y otro de prevaricación al supuestamente "desobedecer" y no aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalunya (TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano.

   La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha presentado este miércoles ante el propio TSJC y critica que con las instrucciones que la Conselleria ha enviado a los centros tras la ejecución de la sentencia "se insta expresamente a desobedecer el mandato" del tribunal.

   El martes acabó el plazo que el TSJC había dado a la Conselleria para que cumpliera con la ejecución forzosa de la sentencia, y el mismo martes Gonzlez-Cambray anunció que había enviado a los centros instrucciones y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adapten al nuevo decreto sobre lenguas en las escuelas que el Govern aprobó el lunes.

   Las entidades que han presentado la denuncia reprochan que Gonzlez-Cambray no ha cumplido la orden del TSJC y subrayan la pregunta del Govern a las escuelas sobre si su proyecto lingüístico evita el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas: critican que "si se contesta 'no' a esta pregunta se anula el proyecto lingüístico, lo que impide de manera directa que se cumpla la sentencia".

   Ven en este método "una clara estratagema para no cumplir la sentencia", tachan el decreto del Govern de arbitrario y acusan a Gonzlez-Cambray y a su Conselleria de actuar contra derecho a sabiendas.

   En caso de que se admita su denuncia, las entidades piden empezar la investigación interrogando a Gonzlez-Cambray como investigado por estos hechos.

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