BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ingeniero Joaquín Quílez, imputado por la trama de licencias de Ciutat Vella, ha explicado este lunes ante el juez como imputado en la tramitación irregular de licencias en el Eixample, que sólo es culpable de "machacar" al Ayuntamiento para que cumplieran con la tramitación de licencias legales para sus clientes.
El imputado, que ha asegurado ante el juez de la Audiencia de Barcelona que ha legalizado el 99% de los hostales de Barcelona, ha explicado que tras llevar 30 años de oficio sabe cuándo se puede dar una licencia y cuándo no, y por ese motivo cuando el trámite es conforme a la ley "aprieta" a la administración local para que cumpla y, cuando ésta no lo hace, sabe que se la acabarán otorgando por la vía del silencio administrativo.
El ingeniero se enfrenta a dos años y siete meses de cárcel y a una multa de 66.400 euros acusado como cooperador necesario de delito continuado de tráfico de influencias, falsedad documental y negociación prohibida a los funcionarios, por presuntamente formar parte de una red que obtenía beneficios a cambio de tramitar expedientes para legalizar licencias de establecimientos, la mayoría en el distrito del Eixample, y principalmente entre 2000 y 2004.
Fuentes judiciales han asegurado a Europa Press que, si bien es cierto que no se ha anulado ninguna de las licencias que llevó la red a través del supuesto cabecilla, Eduard Cabestany, inspector técnico de licencias del Ayuntamiento de Barcelona en el distrito de L'Eixample, sí que se hacían en un tiempo récord y se cobraban beneficios por ello.
"Desde que se hace la solicitud de licencia hasta que se formulan el expediente favorable y se lleva a la firma suelen pasar entre tres y cinco meses, y en este caso se llegaban a conseguir en 48 horas", han explicado las mismas fuentes.
Cabestany ha reconocido este lunes ante el juez que le pidió a su cuñado que firmara las licencias como técnico privado a sabiendas de que su labor para la administración pública hacía incompatible que él firmara informes favorables para tramitar licencias de actividad y obras, desde el ámbito privado.
A preguntas de la fiscal, ha explicado que en ningún caso procedía a falsificar firmas ni documentación y ha negado relaciones ilícitas y tramitaciones irregulares con el resto de los ocho implicados entre los que se encuentra Joaquín Quílez.
El principal imputado ha expuesto que desde su despacho se tramitaban las licencias y que su cuñado, el también imputado Ignacio Martí, no pasaba por el despacho ni llegaba a conocer la obra, "simplemente firmaba el informe favorable por la confianza" que en él tenía depositada.
Martí ha testificado que desconocía que los trabajos que su cuñado le pedía que revisara y firmara para su despacho privado eran aceptados después por él mismo como técnico del Ayuntamiento y que, en ocasiones, le había llegado a pedir que se asegurara de que la obra final coincidía con el proyecto aprobado.
Según el escrito fiscal, Cabestany, ayudado por los otros acusados --entre ellos un ex funcionario, Julián L.S., el ingeniero Quílez y otro ingeniero-- tramitó "de forma externa al Ayuntamiento" y a través de dos despachos privados que poseía en Barcelona, licencias de actividad que conocía a través de su trabajo como funcionario en el distrito del Eixample y procuraba su aceptación acelerando el proceso.
