MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acumulado para el próximo viernes los interrogatorios a los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès que declararán como imputados por delitos societarios y de apropiación indebida que habrían cometido al adjudicarse presuntamente planes de pensiones millonarios.
En un principio, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 sólo había citado para ese día al exdirector general de la entidad Ricard Pagès Font y a Manuel Troyano Molina, mientras que había fijado la comparecencia de Santiago José Abella y de Juan Molina para dos días antes.
Sin embargo, el instructor ha optado por interrogar a los cuatro exdirectivos el mismo viernes en el marco de la causa abierta tras admitir la querella de la Fiscalía Anticorrupción y pedir fianzas que suman los 13,5 millones de euros a dos de los imputados que habrían cobrado esas pólizas.
Al exdirector general de la entidad Ricard Pagès Font, y a Santiago José Abella, que fueron los que efectivamente cobraron de estas pólizas, les exigió la prestación de sendas fianzas de 11.609.708,76 y de 1.893.070, 39 euros, respectivamente, para poder hacer frente a las responsabilidades civiles de ser condenados.
La querella también se dirige contra los exdirectivos Manuel Troyano Molina y Juan Caellas, si bien a éstos dos últimos no se les pide fianza porque no llegaron a cobrar ninguna cantidad. El juez suspende cautelarmente "cualquier pago" a los querellados derivados de las polizas "consideradas fraudulentas".
ESTRATEGIA PARA SU BENEFICIO PARTICULAR
Según la querella de Anticorrupión, los exdirectivos "actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma".
Valiéndose de la ayuda del director de recursos humanos Jaume Jorba --recientemente fallecido-- y del resto de querellados, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo".
Desde 2001, los querellados "se auto-concedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran la entidad.
Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.
Según el fiscal, lograron mantener estos pagos "en una convincente penumbra mediante informaciones fragmentarias e incompletas acerca de su verdadera naturaleza y extensión".
A partir de 2009 la crisis del sector financiero provocó un endurecimiento del marco normativo y un mayor control de las entidades bancarias, especialmente en lo relacionado con las remuneraciones de los altos directivos.
En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010, en el contexto de reestructuración del sector financiero español, la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y 'Sa Nostra' Caja de Baleares, que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN), para lo que recibió ayudas por 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Estas dos circunstancias hicieron temer a los querellados que las pensiones que se habían adjudicado pudieran salir a la luz, y fueran cuestionadas tanto por la entidad como por la opinión pública, "con el consiguiente riesgo de perderlas".
Por eso, se decidieron a realizar "toda una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos económicos", que acabaron recibiendo al abandonar sus cargos en 2011, buscando diferentes tipos de coberturas formales y fórmulas jurídicas.
