TARRAGONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un juez de Tarragona ha citado a declarar como investigado al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, y a otras 10 personas por presuntas irregularidades en la contratación por parte del Consistorio de la empresa Inipro para potenciar el asociacionismo entre inmigrantes.
En un auto recogido por Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, ve necesario que Ballesteros justifique por qué "no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad".
El juez sospecha que este servicio contratado no era necesario, que hubo un "direccionamiento" de la adjudicación a una empresa en concreto, que se excluyó a cualquier otro competidor y que podría haber una contrapartida que desde la administración se podría haber obtenido a cambio de obtener el contrato a Inipro.
Ballesteros será el primer investigado en declarar --el martes 26 de enero a las 9.30-- y los otros 10 están citados entre esa fecha y el 9 de febrero; después declararán otras seis personas como testigos: el 23 de febrero y 1 de marzo.
El juez también ha reclamado al Ayuntamiento aportar la relación de los trabajos de Inipro de 2010 a 2012; y pide a la empresa una memoria detallada de sus trabajos durante este período para el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), y los informes que haya entregado al acabar el contrato.
Los hechos pueden comportar delitos de prevaricación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas públicas.
El caso se remonta a más de dos años al denunciar la CUP irregularidades del IMSST en una adjudicación a Inipro, cuando el Ayuntamiento aprobó en 2010 el concurso para un contrato de servicios sobre 'potenciar el asociacionismo entre la población recién llegada',
"pese a existir" una Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (Utic) en el IMSST, constata el auto.
EL CONTRATO NO PODÍA PRORROGARSE
La denuncia inicial, firmada por la concejal de la CUP Laia Estrada (CUP), alegaba irregularidad en la adjudicación, en la prórroga posterior y en que, pese a eso, no había trabajos realizados.
La investigación constató entonces que fue aumentando la cantidad que el Ayuntamiento pagaba a Inipro: más de 61.000 euros en 2010, más de 93.000 en 2011 y más de 104.000 en el 2012, año en que no coincidía la candidad declarada por el IMSS (más de 121.000 euros) y la declarada por Inipro (más de 104.000).
Además, la relación de ambas partes duró estos tres años aunque el ente público no podía prolongar este contrato, según figuraba en el propio contrato, que fijaba su propio final en el 31 de diciembre de 2010 de manera improrrogable, pese a lo cual continuó 21 meses más, sin soporte contractual.
BALLESTEROS TUVO "ADVERTENCIAS"
El auto afirma que el pago en esos 21 meses sin contrato era posible porque Ballesteros firmaba una resolución "a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad" que se le hicieron: según la documentación recabada en el registro judicial, lo hizo para evitar un enriquecimiento injusto de la administración pública.
Ahora se le cita como investigado por haber dado autorización pese las advertencias y "sin que hubiera corregido de alguna manera la situación irregular ni adoptado medida alguna".
En cuanto a la presunta necesidad del servicio, el juez constata que se adjudicó durante la fuerte crisis económica, que el IMSST tenía unos 120 empleados, que además ya tenía una unidad de inmigración (Utic), que los extranjeros en la ciudad aumentaban muy poco cuando se adjudicó el contrato (2010), que incluso decrecieron en 2011, y que hay pocas asociaciones entre los llegados a la ciudad esos años.
Así, el 9 de octubre de 2015 hubo registros en sedes municipales, en los que se comprobó documentalmente la "ambigüedad" en la justificación del servicio contratatado.
CONTRATO SIN PUBLICIDAD
Además, la presidenta delegada del IMSST, la también investigada Teresa Victoria Pelegrín aprobó contratar el servicio sin publicidad, invitando a tres empresas (vinculadas entre sí e incluida Inipro), que fueron elegidas por el entonces gerente del IMSST, el investigado Antonio Muñoz.
El juez considera también que una misma persona pudo hacer las propuestas de las diferentes empresas, lo cual haría fraudulento el concurso, e incluso las ofertas se podrían haber planteado antes de invitar a las empresas al concurso, lo que supondría "voluntad fraudulenta" de sus promotores, además de que el proceso apunta a que se buscaba adjudicar finalmente a Inipro, según el auto.
