BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
Justícia i Pau, entidad que preside Arcadi Oliveres, exigió hoy al Gobierno central que los acuerdos que aprueba en materia de comercio de armas dejen de ser secreto de estado.
Esta denuncia coincide con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Para Justícia i Pau, ésta sería una oportunidad para derogar la prohibición de hacer públicos los datos sobre exportación de armas y las actas de la Junta interministerial.
Según un acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986, los datos sobre el comercio de armas se consideran materia reservada del Gobierno. Por ello, quedan clasificados como secreto de estado las cifras referentes a la producción, la adquisición, los suministros y los transportes de armamento y munición.
Del mismo modo, las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble uso (JIMDDU) se consideran secreto de estado. La JIMDDU es el órgano administrativo que analiza las solicitudes de exportación de armamento y productos de doble uso, y otorga las licencias de exportación.
El hecho de que estos acuerdos sean secreto de estado, imposibilita, según Justícia i Pau, que se compruebe si el estado respeta el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.
Justícia i Pau señaló que el Gobierno no muestra con transparencia los datos relativos al comercio de armas porque "no quieren asumir las consecuencias ético-morales" que se derivan de admitir que exportan a países en situación crítica. Según la entidad, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "prima el comercio sobre la ética".
Desde la entidad catalana aseguraron que el conocimiento público de estas cifras "no afectaría a la seguridad del estado" que es el motivo al que el Gobierno apela para defender que sean materia reservada.
Afirman también que la clasificación de estos documentos es "una incongruencia" y muestra la "actitud arbitraria" del Gobierno que "tiene un doble rasero" ya que "cuando le interesa publicita datos pero cuando una ONG exige transparencia se le deniegan". Para Justícia i Pau, esta actitud "es inmoral".
Justícia i Pau ha solicitado una copia de las autorizaciones de exportación de material de defensa, materiales de uso policial y de seguridad en Marruecos, Ghana y China durante los años 2005 y 2006, así como los informes emitidos por la JIMDDU, y les ha sido denegado. Por ello, recurrirán ante la Secretaría General, y, si es necesario, ante los tribunales.
Para la entidad presidida por Oliveres, "la transparencia en el comercio de armas es el mejor mecanismo de control de las exportaciones de armamento" ya que "posibilitaría un control efectivo tanto de los países de destino de las exportaciones como de la política gubernamental en esta materia".
El Gobierno ha hecho público el informe sobre 'Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2006'. Sin embargo, según afirmó Justícia i Pau, estos datos "no coinciden" con los que constan en las aduanas y "ocultan a la opinión pública las exportaciones a países en conflicto o que vulneran los derechos humanos".
Los grupos de IU y ERC presentaron una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que se está tramitando que fue rechazada. CiU, por su parte anunció hoy que presentará una enmienda parcial. Según Justícia i Pau, el proyecto que se está debatiendo "recoge lo peor de la anterior ley, y lo mejor de la normativa europea" en este ámbito.
