Lo condenaron en una de las piezas de la macrocausa por retirar multas a familiares
SABADELL (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Barcelona ha dado un plazo de un mes a partir de este jueves al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos para que entre en prisión y cumpla su condena por el caso Mercurio.
En un auto consultado por Europa Press, los jueces le han ordenado ingresar en la cárcel que desee para cumplir una condena de tres años por tráfico de influencias, ratificada por el Tribunal Supremo (TS), en la pieza 30 de la macrocausa sobre corrupción urbanística, relacionada con la retirada de dos multas de tráfico a familiares.
En ese sentido, ha desestimado suspender la pena con base en la situación familiar alegada --tiene tres hijos de 32, 27 y 11 años, uno con discapacidad-- y la enfermedad que sufre, ya que "puede ser tratada por especialistas" en el centro donde ingrese, sin perjuicio de las prevenciones que pueda tomar instituciones penitenciarias.
Asimismo, ha rechazado el argumento de la defensa para suspender la entrada en prisión de que se trata de un delito de "escasa gravedad" y episódico, en sus palabras.
El tribunal ha recordado que el tráfico de influencias es corrupción y ha subrayado que la naturaleza del hecho no se puede banalizar, porque su actuación --ha remarcado-- supuso un "descrédito gratuito" para la administración pública.
Esta condena se suma a otra, también firme: la de la pieza 5 del caso Mercurio que le condenó a un año y cuatro meses de cárcel, y cuatro años y medio de inhabilitación, por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) al nombrar a dedo a un alto cargo en el consistorio en 2012.
Por esta primera condena en la misma causa, Bustos no llegó a entrar en prisión porque se trataba una pena de menos de dos años y no tenía antecedentes, por lo que el tribunal aceptó que no cumpliera la pena de cárcel como es habitual cuando se dan estos requisitos.
Tal y como recoge el auto, Bustos tiene otros procedimientos en curso como la pieza 28, que investiga supuestas irregularidades en la concesión del contrato de recogida de residuos y limpieza a Smatsa, y la 31, por supuestas contrataciones irregulares en el Consorci de Residus del Vallès Occidental (CRVC) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).