El Parlament valora la "idoneidad" de los nuevos miembros del Consell de Garanties Estatutries

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha valorado la "idoneidad" de los seis miembros del Consell de Garanties Estaturies (CGE) de designación parlamentaria que el pleno deberá aprobar tras el pacto que PSC-Units, ERC y Junts alcanzaron a finales de diciembre para renovar dicho órgano, entre otros.

Los miembros que han comparecido este jueves en comisión son Enoch Albertí y Merc Barceló --a propuesta de ERC--; Laura Díez y Eduard Roig --a propuesta de los socialistas--, y Francesc Esteve y Montserrat Rossell --a propuesta de Junts--.

En su intervención ante los grupos, el catedrático de Derecho Constitucional, Enoch Albertí, ha asegurado que en los últimos años se ha impuesto una visión restrictiva de las normas, y ha defendido que desde el derecho, no desde la política, se pueden hacer interpretaciones en sentidos diferentes dentro del marco constitucional y estatutario: "La Constitución tiene una función esencial de integración. Si no puede cumplir con esta función fracasará. La Constitución no es un muro".

También ha defendido su participación en el Consell Assessor per la Transició Nacional que impulsó el expresidente de la Generalitat Artur Mas, tras explicar que este órgano intentó buscar las vías constitucionales que permitieran la celebración de una consulta sobre el futuro político de Catalunya e imaginar los diferentes escenarios que se podían derivar.

La catedrática de Derecho Constitucional Merc Barceló, que se ha comprometido a garantizar la independencia del CGE en relación a otros poderes públicos, ha asegurado que como constitucionalista defiende que el derecho a decidir "cabe en la Constitución y que el derecho está para solucionar problemas, no para crearlos".

"El CGE no puede suplir ni solucionar cuestiones políticas. Pero el CGE defenderá el espíritu del Estatut de 2006 y del pacto constituyente, entendido como un Estado que reconoce la Constitución y la autonomía política de las nacionalidades y las regiones", ha señalado Barceló, que también ha pedido trabajar de forma discreta e intentar buscar los máximos consensos en las soluciones que se adopten.

Laura Díez, que fue adjunta al Síndic de Greuges, considera que hay que evolucionar buscando el consenso de los ciudadanos y de las fuerzas políticas pero dentro del marco que actualmente establecen las leyes, la Constitución y el Estatut: "No es lo mismo la Constitución de 1978 en el año 78 que en el siglo XXI, ni el Estatut aprobado en 1981 que el aprobado en 2006".

También espera poder profundizar desde el CGE en el ámbito de los derechos, sobre todo los de carácter social, tras recordar que fue una firme defensora que el Estatut tuviera una carta de derechos, deberes y principios rectores.

El jurista Eduard Roig ha defendido la función del derecho y la importancia de acuerdos como el Estatut de 2006, "de gran utilidad y del que aún quedan muchas consecuencias a extraer y campos para avanzar", además de elogiar la consolidación y la actividad del CGE.

Tras asegurar que cualquier tribunal fracasa en su función como institución cuando es percibido como un órgano de imposición de una decisión que limita actividades posteriores, ha asegurado que la decisión sobre la configuración de un parlamento "no es bueno que se vea sometida a condicionantes políticos".

El director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, ha reivindicado su trayectoria, destacando que puede aportar al CGE su conocimiento de las administraciones catalanas; su experiencia en la resolución de conflictos competenciales entre la Generalitat y el Estado, así como su conocimiento de los juzgados y los tribunales de orden contencioso administrativo.

Además, ha defendido su visión práctica de la aplicación del derecho "como instrumento para solucionar problemas y conflictos, para facilitar la vida de las personas".

La abogada Montserrat Rossell ha explicado su experiencia basada en la práctica jurídica derivada del ejercicio de la abogacía y el asesoramiento legal en materia local: "Esto no significa que no me haya formado, pero el aprendizaje ha sido en cada caso, procedimiento y consultas".

También ha recalcado la importancia en todo ello de la mediación porque "cuando se consigue favorece a todas las partes".

GRUPOS

El diputado del PSC-Units Óscar Aparicio ha valorado la trayectoria de los futuros integrantes del órgano y ha mostrado su confianza en que actuarán con profesionalidad en el seno del CGE.

Lo mismo han hecho el diputado de ERC Jordi Orobitg y el de Junts David Saldoni, que han enfatizado la importancia de que se renueven órganos como el Consell de Garanties, que quieren que esté "al día y en pleno desarrollo" de sus funciones para afrontar futuros retos.

Desde la CUP, Dolors Sabater ha reconocido la profesionalidad de todos los comparecientes, aunque ha recalcado que su grupo no cree en el Estado autonómico "porque no es un marco favorable al ejercicio de los derechos y libertades de los que viven en los Pasos Catalans".

Por parte de los comuns, Marc Parés ha lamentado que su grupo no haya sido partícipe del acuerdo entre los socialistas, ERC y Junts para designar los nuevos miembros del CGE y el de otros órganos, aunque ha destacado su trayectoria profesional.

Sin embargo, Nacho Martín Blanco (Cs) ha considerado que algunos de los nombres propuestas están desacreditados para formar parte del ente porque, a su juicio, intentaron dar una supuesta cobertura jurídica al proceso independentista de 2017: "Han prostituido el sentido del derecho constitucional, y lo han hecho con conocimiento de causa. Esto es lo que es especialmente grave".

Joan Garriga (Vox), ha criticado el "perfil separatista" de algunos de los comparecientes y ha cuestionado también la utilidad y el coste del CGE.