Los partidos catalanes se comprometen a "consensuar" la Ley de Servicios Sociales

Actualizado: miércoles, 14 febrero 2007 15:46

La Generalitat garantiza una "única red de servicios sociales públicos" en Catalunya

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios catalanes apelaron hoy al "consenso" para sacar adelante la futura Ley de Servicios Sociales de Catalunya, impulsada por el Govern, y que se encuentra en trámite de urgencia en la cámara catalana, después de que hoy se celebrara un pleno para la presentación de la normativa que acabó con la retirada de la enmienda a la totalidad que horas antes había presentado el grupo de CiU.

En el discurso de presentación del anteproyecto, que quedó pendiente de aprobación en la anterior legislatura, la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, destacó que la novedad de esta ley es que tiene previsto "ordenar y regular una única red de servicios sociales de responsabilidad pública en Catalunya" que será complementaria a la Ley de Dependencia del Estado, pero abarcará más prestaciones.

Según Capdevila, que apeló al consenso de los grupos, esta ley incluirá los servicios públicos de la Generalitat, ayuntamientos y consejos comarcales, así como los prestados por asociaciones o entidades de carácter privado que sean acreditadas. En este sentido, recordó el "impacto claro" que tendrá la futura ley sobre la economía productiva de Catalunya con la creación de 53.000 empleos hasta 2015.

Además, está prevista la creación de 27.055 plazas públicas residenciales, así como 5.371 plazas para personas con discapacidad, señaló, al tiempo que resaltó que "hasta ahora sólo se tenía en cuenta la renta de los hijos" para la consecución de ayudas por parte de los ciudadanos.

Como novedad, el nuevo texto prevé la sola evaluación de la renda del usuario susceptible de obtener la prestación, subrayó Capdevila, quien añadió que "se analizarán todas las solicitudes para que nadie quede excluido".

El texto también contempla la creación de la figura de un profesional de referencia que "a lo largo de la vida" orientará al usuario, explicó la titular de Acción Social, que consideró un "salto de vértigo" la nueva ley que "va de un modelo asistencial hacia un modelo garantista y universal" en una iniciativa que es "pionera" en España, dijo.

Respecto a la enmienda a la totalidad presentada esta misma mañana por CiU, cuando acababa el plazo de presentación, Capdevila pidió su retirada tras considerarla "totalmente débil", ya que "ni siquiera va acompañada de un texto alternativo o de la cartera de servicios sociales que tanto piden" en un momento en que "tenían la oportunidad de hacerlo".

Capdevila atribuyó la acción a la "voluntad --de CiU-- de frenar la actividad normativa del Gobierno catalán en materia de servicios sociales" y acusó los "intereses partidistas" de este grupo parlamentario. En su opinión, "este no era el momento de hacerlo", "precisamente ahora que estamos creando un modelo de servicios sociales", apuntilló.

CIU CONSIDERA "VACÍO" EL ANTEPROYECTO DE LEY.

Desde CiU, el diputado Josep Lluís Cleries, consideró "vacía" de contenido y de prestaciones la nueva normativa presentada y es, por ello, que justificó la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto.

No obstante, y tras la propuesta de consenso y diálogo de la consellera Capdevila, los nacionalistas decidieron dar marcha atrás a su propuesta de enmendar el conjunto del texto.

Según Cleries, "esta ley es sólo una declaración de principios que no responde a las expectativas creadas" y es "idéntica" al texto normativo, cuya tramitación parlamentaria quedó pendiente en la anterior legislatura.

A su juicio, "se ha querido tramitar de urgencia para intentar tapar la no presentación del recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Dependencia", que según el Consell Consultiu invade competencias en un 70% de sus puntos.

Para Cleries, "esta ley tiene renuncias y claudicaciones y está vacía porque en ella no se encuentra lo que tiene que tener" al recoger "enunciados y teorías pero no concretar", remarcó Cleries, quien lamentó la ausencia de una mención de la relación que tendrá la futura ley con la de la Dependencia estatal y "tampoco tiene en cuenta el Estatut".

En su opinión, "el auténtico sistema de servicios sociales quedará condicionado por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que este Parlament no ha querido defender".

No obstante, "la gran carencia del anteproyecto es la cartera de servicios" que se prestarán a los ciudadanos una vez entre en vigor, añadió Cleries, que criticó que esta cartera "venga a través de un decreto con la Ley de Presupuestos".

Por otra parte, señaló que "la ley hace un paso hacia atrás en nuestra historia al retornar competencias a las diputaciones provinciales", a la espera de la nueva organización territorial planteada por la Generalitat.

En su opinión, la norma debería "confiar "más en los consejos comarcales y ayuntamientos y criticó que esta ley "intervencionista genera desconfianza hacia el tercer sector".

PSC, ICV Y ERC PIDEN CONSENSO.

Por su parte, la diputada del PSC Consol Prados mostró una "firme voluntad de llegar al consenso" y explicó que la tramitación rápida en que se encuentra la ley se debe a que "hay situaciones de personas que no pueden esperar a que finalicen las batallas partidistas". Por ello, abogó por el "consenso y la rapidez".

Desde ERC, Pere Bosch acusó a CiU de mantener una "actitud preocupante" porque "parece importarles mucho menos la gente que el desgaste del Gobierno". "Es absolutamente posible y necesario que todos hagamos un esfuerzo para el consenso", aseveró.

La diputada del PP Montserrat Nebrera consideró que la ley "tiene carencias insalvables", pero se mostró esperanzada en que éstas puedan ser resueltas a lo largo del trámite parlamentario. A su juicio, esta ley contempla "extremos" y es "demasiado intervencionista en la vida de las personas".

Además, "no quedan claros los parámetros económicos de la ley". La diputada Laura Massana de ICV también apeló al consenso y remarcó que la nueva normativa "institucionaliza los derechos de las personas".

Al acabar el pleno, el presidente de la Generalitat, José Montilla, y la consellera Capdevila se reunieron con representantes de entidades sociales presentes en la sesión con quienes se tomaron fotografías.