Cree que las prejudiciales al TJUE solo pueden abordar malversación si hay fondos europeos o directivas sobre terrorismo
BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) y uno de los redactores de la Ley de Amnistía, Joan Ridao, ha valorado en declaraciones a Europa Press sobre la norma que ha entrado en vigor este martes: "La ley es muy clara. Hay que levantar cualquier orden de detención y cualquier medida cautelar".
Sobre la decisión del Tribunal Supremo (TS) de mantener la orden nacional de detención sobre el expresidente del Govern, Carles Puigdemont, ha comentado: "La ley lo que prevé es que hay que dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien en relación con la aplicación de la propia ley, con lo cual supongo que el instructor habrá decidido dar órdenes a la Policía de que todavía no entiendan que se ha levantado ninguna medida cautelar ni tampoco las órdenes de detención".
Respecto a posibles cuestiones de constitucionalidad o prejudiciales que los jueces puedan plantear, ha recordado que las preguntas al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) "deben estar vinculadas a cuestiones que afectan no al orden interno del Estado español, sino de la UE, y en este caso sólo podría ser en relación a temas como la malversación cuando haya caudales públicos de la propia Unión en juego o bien las directivas sobre terrorismo, pero nada más".
El también exletrado mayor del Parlament y director del Institut d'Estudis de l'Autogovern ve "más probable que acabe en manos del Tribunal Constitucional, no sólo porque se interponga un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP sino porque se plantee alguna cuestión de inconstitucionalidad sobre alguna posible vulneración de la constitución".
"Yo creo que no la hay, pero en ese caso habrá que dar traslado evidentemente al Tribunal Constitucional para que lo resuelva", y ha recordado que, si se plantea alguna cuestión prejudicial al TJUE, se tendrá que resolver antes de que el TC pueda abordar posibles cuestiones de inconstitucionalidad.
UNA "AFRONTA" DE LA DERECHA
Ha señalado que la ley ha recibido distintas propuestas de actores políticos y que el texto vio la luz estando "aquilatado desde el punto de vista constitucional e incluso validado por algunas instancias de carácter consultivo como la Comisión de Venecia".
Ha lamentado que, sin embargo, esto "no ha evitado que haya habido una auténtica afrenta de carácter político por parte de la derecha política y la derecha judicial", ha puesto en valor que la norma haya entrado en vigor y ha recordado que debe aplicarse en un plazo de dos meses.
Ridao ha defendido que la amnistía tiene antecedentes a nivel de derecho comparado y también en España, tanto en la Segunda República como en la Transición, y la ha defendido como "un caso de justicia restaurativa perfectamente aceptado en el derecho global".
"Lo que sucede es que la derecha española, tanto la derecha política como una parte de la derecha judicial, evidentemente no acepta esta ley porque lo que plantea claramente es proseguir con su venganza y con su persecución de unos hechos que nunca deberían haberse planteado ante la Justicia, sino, evidentemente, reconducido a la vía política", ha añadido sobre las críticas a la amnistía.
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