Ribes califica la concentración de este martes contra el pacto político PSC-C's de "tribunal de la Inquisición popular"
LLEIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, y la concejal de C's Ángeles Ribes han pactado que el Ayuntamiento de la ciudad se acoja a la reducción de los valores catastrales de un 18% que facilita el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se traducirá en una reducción de plusvalías, transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio o renta.
El acuerdo, que se someterá a la aprobación del resto de los grupos en la junta local, no afecta al IBI, que ambos grupos inicialmente optan por congelar, según ha explicado Ros en rueda de prensa.
El PSC cuenta con ocho concejales y C's con cuatro en un consistorio en el que la mayoría es 14.
La medida es similar a la del año pasado, cuando el Ayuntamiento se acogió a una reducción del 17% y que según sus datos supuso un ahorro para los ciudadanos de 1,8 millones de euros.
Este acuerdo forma parte del pacto político presentado por ambas formaciones la semana pasada minutos antes de la aprobación del cartapacio, que ha sido criticado por el resto de formaciones, en especial por el punto referente a la cooficialidad de las dos lenguas, en alusión al catalán y al castellano y que ha motivado la convocatoria este martes de una concentración.
RECHAZO DE ENTIDADES
Las entidades Lleida i Segrià, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, AMI y SÚmate han convocado una concentración en la plaza de la Paeria a la que se han sumado el resto de los partidos de la oposición, a excepción del PP e ICV, que no tiene representación en el Ayuntamiento.
El alcalde ha asegurado en rueda de prensa que el acuerdo habla literalmente de "actualización de usos lingüísticos actualmente vigente de acuerdo a los principios de cooficialidad conforme a las leyes vigentes", por lo que ha pedido que se deje trabajar a los expertos.
En este sentido, ha afirmado que lo que más le ha dolido en estos días es que se le haya prejuzgado.
Por su parte, Àngeles Ribes ha señalado que a la concentración convocada no la llamaría manifestación sino "tribunal de la inquisición popular", que se ha montado sin tener pruebas porque lo único que hay es un acuerdo que contempla una revisión del reglamento lingüístico que todavía no se ha llevado a cabo.
"Como los tribunales de la inquisición se está acusando sin pruebas, juzgando y condenando", ha agregado.
En la rueda de prensa en la que se ha presentado el acuerdo fiscal, Ros ha desvelado que el Ayuntamiento ha facilitado a los convocantes una tarima y megafonía para la concentración, como ha hecho en otras ocasiones con las peticiones de cualquier entidad.
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