RUBÍ (BARCELONA), 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Rubí ha destinado más de 100.000 euros en ayudas relacionadas con la vivienda durante este 2015, según ha detallado este jueves en un comunicado.
De esta cantidad, 59.000 euros se han destinado al pago de alquiler o hipoteca de las familias y 43.000 a hacer frente a las situaciones de pobreza energética.
Se trata de una medida de la Mesa especial de desahucios para abordar la problemática del derecho a la vivienda de una forma integral, que se ha reorientado cambiando el nombre por el de Mesa del derecho a la vivienda --integrada por el consistorio, las plataformas de afectados por la hipoteca y entidades sociales--.
A partir de ahora abordará aspectos como los alquileres sociales, los casos de pobreza energética y el acceso de diferentes colectivos a una casa, entre otras.
En este sentido, la concejal del Área de Servicios a las Personas, Marta García, ha asegurado que el objetivo es afrontar este derecho "de una forma integral, trabajando desde todos los ámbitos" y ha agregado que los desahucios son una parte más de la problemática y que hay muchos otros aspectos que se deben trabajar.
En los plenos municipales de octubre y diciembre se aprobó una moción que exigía una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que garantice las medidas mínimas para hacer frente a la emergencia habitacional y también se adhirió a la Plataforma de Municipios por una vivienda digna y contra la pobreza energética respectivamente.
Por otro lado, Rubí ha recibido, mediante el Servicio de Intermediación de Afectados por las Hipotecas (Siah), 675 nuevos solicitantes desde la puesta en marcha del servicio en 2012 y 450 ya están cerrados.
En 52 casos los interesados han podido renegociar el préstamo con la entidad bancaria, 62 han acordado un alquiler social, 34 han consensuado la dación en pago y 35, además de la dación en pago, han pactado un alquiler social.
De los 225 casos abiertos, 67 están pendientes de renegociar el crédito hipotecario, asimismo 83 esperan llegar a un consenso para la dación en pago, 40 de los cuales también han solicitado un alquiler social.
