El sector de pisos turísticos lamenta la "criminalización" que asegura sufrir

Archivo - Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona.
Archivo - Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Publicado: martes, 30 abril 2024 15:14

Dice que culpar al turismo de la falta de viviendas "es populista"

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de los pisos turísticos ha lamentado la "criminalización" que asegura sufrir y rechaza ser responsable de la falta de vivienda, ha explicado la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) en un comunicado este martes.

Es la principal conclusión de una mesa redonda en la que han participado el economista Gonzalo Bernardos, el director de InAtlas, Luis Falcón, el abogado Pablo Molina y el presidente de Federatur, David Riba, y que ha sido moderada por la consultora en turismo Marian Muro.

Los participantes han coincidido en señalar que "criminalizar al turismo de la falta de vivienda es populista y absolutamente falso" y han afeado a las administraciones que no impulsen el parque público de vivienda.

Bernardos ha criticado que la "administración no se atreve a poner soluciones reales" y ha pedido que se busquen respuestas pensadas para cada territorio y no que sean uniformes y globales.

Falcón ha explicado que en Catalunya hay 100.000 pisos turísticos, de los que se estima que el 46% están activos, y ha señalado que en Barcelona hay "75.000 viviendas sin actividad frente a 10.700 licencias" de pisos turísticos, de las que 7.000 están activas.

INFORMACIÓN "CONTRASTADA"

Riba ha explicado que el sector ha realizado un trabajo de búsqueda de datos que le ha llevado a tener "más información contrastada que la propia administración" y que la ha transmitido a la Generalitat.

Ha reclamado una regulación que "actúe contra la proliferación de la ilegalidad" y ha recordado que el sector representa el 40% de las plazas turísticas catalanas.

Por su parte, Molina ha alertado del "problema judicial y económico" que generará la extinción de las licencias actuales y de las nuevas licencias que ha asegurado que los ayuntamientos deberán dar dentro de cinco años.

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