BARCELONA, 1 Feb. (EUROPAPRESS) -
La tramitación de la proposición de ley del impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas contará con seis comparecencias --tres académicos expertos en derecho tributario o economía pública, dos técnicos del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (Ctesc) y la directora general de Tributos de la Generalitat, Marta Espasa-- que acogerá la comisión de Economía y Hacienda del Parlament.
El diputado de la CUP Benet Salellas ha propuesto este acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por los grupos, indicando que se realizará en una única jornada de mañana y tarde y "tan pronto como sea posible", un procedimiento sobre el que el PP ha mostrado su disconformidad.
Esta ha sido la solución al previsible rechazo a la veintena de peticiones de comparecencia en ponencia o en comisión solicitadas por Cs, SíQueEsPot y PSC, que eran para escuchar a académicos, expertos en derecho financiero, representantes de entidades de análisis económico y miembros de patronales y sindicatos.
IMPUESTO
El nuevo impuesto sobre activos no productivos de personas jurídicas impulsado por JxSí y la CUP se tramita mediante el procedimiento de 'urgencia extraordinaria', lo que significa que los plazos se reducen a la mitad respecto a los fijados por el procedimiento de urgencia, que ya es de la mitad que el ordinario.
Este nuevo impuesto persigue gravar bienes que no realizan ninguna actividad económica o servicio público, que se destinan a actividad o usos privados o que se alquilan a los propietarios o socios de la entidad vinculada a los activos, y pueden ser bienes inmuebles, vehículos de motor de potencia igual o superior a 200 caballos, embarcaciones de ocio de ocho metros de eslora o más y aeronaves.
La base imponible del impuesto se calcula en la suma total de todos los activos no productivos a un mismo nombre, con un mínimo exento de 500.000 euros o de 100.000 euros si no incorpora ningún inmueble.
El tipo impositivo definido por JxSí y la CUP es progresivo y va desde el 0,25% en su valor más bajo hasta el 1% para una base liquidable de más de 3 millones de euros, y se meritará cada 30 de junio.
La proposición de ley incluye que estarán exentos de pagar el impuesto las administraciones; las representaciones diplomáticas; las oficinas consulares y los organismos internacionales con sede en Catalunya, y los bienes inmuebles de organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro que los destinen a finalidades no lucrativas.
