El Síndic de Greuges pide un cambio de mentalidad en las políticas territoriales y urbanísticas

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido un cambio en la mentalidad de las administraciones públicas cuando desarrollan políticas territoriales y urbanísticas para que se garantice la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad, según ha resaltado en rueda de prensa.

Ha extraído esta demanda tras analizar las actuaciones de las administraciones en conflictos territoriales, que han quedado recogidas en el informe 'El aumento de los conflictos en materia ambiental y urbanística en Catalunya' y que ha sido entregado este martes al Parlament.

Ribó ha enfatizado que se debe considerar el territorio como un bien común que debe ser protegido para las generaciones futuras y que estas políticas deben ser ideadas no solo teniendo en cuenta motivos económicos, sino también valorando las consideraciones ambientales.

"Hay que invertir el argumento del desarrollo. No se trata de ver cómo evitamos los efectos negativos del desarrollo, sino que como condición previa se tiene que poder explicar la necesidad de ese desarrollo", ha resaltado el síndic y ha puesto en valor la no intervención en proyectos urbanísticos y ambientales como forma de conservación del patrimonio común.

Ha defendido que los poderes públicos deben favorecer la evolución armónica del paisaje, así como tener en cuenta los costes ambientales para el territorio y las personas y preservar el principio de cautela para proteger el medio ambiente de daños irreparables.

Por todo ello, Ribo ha urgido a la aprobación de una ley de territorio que sea "un marco integral en materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje", y que incorpore el criterio de equidad, así como las conclusiones de este informe.

TRAS LA CRISIS

El síndic ha razonado que con la crisis económica se pararon grandes proyectos con impacto ambiental y que ésta fue "un freno a la voluntad de desarrollo territorial", pero que con su superación no se ha producido un cambio de paradigma y que las administraciones han continuado aprobando iniciativas con incidencia ambiental y urbanística.

Ha advertido de que hay indicios para prever que la tendencia urbanizadora y el crecimiento de la construcción continuarán al alza y ha criticado que se continúe sin incorporar el interés social en los planteamientos de cualquier intervención sobre el territorio: "Basta con el desarrollismo a ultranza y explicaciones 'a posteriori'".

CONFLICTOS

El informe recoge conflictos como los generados por los instrumentos de planificación urbanística y territorial, entre los que señala el desarrollo del complejo de ocio Hard Rock (Tarragona), y los que derivan de déficits en la planificación y la gestión del entorno natural, que remarca que han acabado incidiendo en la protección de los ecosistemas catalanes.

También apunta a las disputas originadas por una falta de control administrativo y legislativo efectivo para actividades contaminantes y pone como ejemplo aquellas que han acabado afectando al agua por la presencia de purines.

Agrega las que han sido provocadas por la fragmentación de las competencias en planificación energética entre el Estado y las autonomías, la divergencia de intereses políticos y el poco consenso territorial, entre las que remarca el anuncio de nuevos parques eólicos en la Terra Alta y Baix Camp (Tarragona) y las líneas de mucha alta tensión.