El Síndic de Greuges recibe más de 13.000 quejas en 2025, el 50% sobre derechos sociales

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha recibido en 2025 un total de 13.646 quejas, el 50,1% de las cuales en materia derechos sociales, que sumadas a las 11.428 consultas y las 213 actuaciones de oficio, suponen un "máximo histórico" de 25.287 actuaciones por parte de la institución.

Así lo ha explicado la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, en una rueda de prensa de este miércoles en la que ha presentado el informe anual de la institución entregado el pasado lunes al Parlament de Catalunya, acompañada del adjunto general, Jordi Palou, y la adjunta de infancia, Aida Rodríguez.

La Síndica ha pedido un "pacto de país" para recuperar la misión de servicio a la ciudadanía, ya que entiende que no basta con pequeños cambios, y ha alertado de que existe una burocracia defensiva que se impone sobre la lógica de servicio público, así como ha señalado que, en la mayoría de las actuaciones, el problema son la lentitud y las listas de espera.

El informe recoge que las estructuras administrativas "no han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad", y que en algunas ocasiones, la burocracia puede a llegar a consumir hasta el 30% de la jornada laboral de los profesionales de salud, servicios sociales o educación, entre otros.

Giménez-Salinas ha destacado que han habido aumentos notables, respecto a 2024, en materias como servicios sociales (+61,6%, 2.157 quejas), vivienda (+52,4%, 625 quejas), salud (+43%, 1.433 quejas), infancia y adolescencia (+40,1%, 1.153 quejas) y educación (+19,1%, 1.409 quejas), así como en el funcionamiento de Rodalies, en las que han aumentado un 136% (578 quejas).

SITUACIONES "INADMISIBLES"

La Síndica ha lamentado una serie de situaciones que considera "inadmisibles": 6.700 personas sin hogar en Catalunya; 300 niños tutelados de menos de 6 años en instituciones; otros 300 en equipamientos para personas sin hogar o pensiones; 54 suicidios de jóvenes entre 15 y 29 años en 2025; un 1% de jóvenes que reciben ayudas para la emancipación; 167 millones de euros en pagos indebidos a la Conselleria de Derechos Sociales; 14 meses de espera para tramitar la discapacidad, y un 50% de trenes que no cumplen los horarios previstos.

Ha insistido en que no deberían haber niños menores de 6 años en instituciones, y ha defendido que se legisle al respecto, así como ha apuntado que, si bien conocen las intenciones del Govern en esta materia y en la transformación de la nueva Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (Dgppia), "en las cifras no se ha notado aún".

Asimismo, ha señalado una diferencia entre las políticas públicas y las necesidades "por falta de planificación", como las 40.000 viviendas sociales y las 120.000 personas inscritas al registro para acceder, o el 60% de personas en privación extrema que no reciben ninguna ayuda.

Sin embargo, la Síndica ha subrayado que hay políticas que sí han funcionado, como el impulso a la Formación Profesional (FP), la entrada en vigor de la ley de transparencia y las mejoras en materia de justicia juvenil y de curas paliativas.

MÁS EVALUACIÓN Y RECURSOS

Giménez-Salinas ha apuntado que si bien se necesitan más recursos, eso no implica necesariamente tener mejores resultados: "Si hacemos lo mismo con más recursos, no tendremos la transformación".

Además, ha abogado por una mayor evaluación y seguimiento de las políticas públicas, y ha advertido de que hay procesos de estabilización y concursos de traslado que "descapitalizan" equipos de servicios esenciales.

Ha criticado la alta rotación de personal en servicios como los centros educativos de alta complejidad: "Si no hay una estabilidad, es imposible".