Recibió 1.114 quejas en 2006, de las que 81 eran por problemas de vivienda
BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de Barcelona (Defensora del Pueblo de Barcelona), Pilar Malla, denuncia en su último informe la dificultad de los denominados 'mileuristas', jóvenes que cobran un salario que no supera los 1.000 euros mensuales, para poder acceder a uno de los pisos de protección oficial que sortea el Ayuntamiento.
La denuncia de la Síndica se produce justo después de la polémica suscitada con el sorteo de pisos de protección que se celebró el pasado miércoles para ofrecer 1.509 viviendas sociales a las 54.400 personas que se habían inscrito y en el que, además, se produjo un error del notario.
En el informe sobre las actuaciones realizadas el año pasado, Malla asegura que "uno de los problemas más graves" detectados en Barcelona es la existencia de una capa social de familias que, "por su nivel de ingresos quedan prácticamente excluidos de las ayudas y del acceso a las viviendas sociales".
Malla señaló hoy que se trata de personas que cobran entre 600 y 1.000 euros al mes, que "no tienen capacidad para cumplir los requisitos del sorteo municipal, ya que no pueden afrontar el pago de un piso, pero que tampoco tienen suficiente con las ayudas de la Generalitat y el Ayuntamiento para pagar un alquiler en el mercado libre".
El colectivo de 'mileuristas' se enfrenta con dos problemas: que supere los requisitos para acceder al sorteo de pisos de protección oficial porque, al vivir en pareja con otro 'mileurista', gana un salario mayor del establecido o justo al revés, que no pueda afrontar el pago por tener que mantener dos hijos en solitario.
Según el informe, "en algunos casos, el problema es que no llegan a los mínimos de ingresos que les piden para comprar una vivienda protegida y, en otros, tampoco llegan a los mínimos para acceder a un piso protegido de alquiler con superficie suficiente para que pueda vivir toda una familia".
De las 1.114 quejas que la Síndica recibió en 2006, un total de 84 hacían referencia a la vivienda. Pese a que las quejas no son las más cuantiosas, Malla aseguró que se trata de uno de los aspectos "más preocupantes", ya que es algo que "está pendiente de resolver" y el Ayuntamiento "no se puede escudar con la excusa de que los precios son desmesurados".
En su informe, reclama incrementar la oferta de pisos de protección oficial en Barcelona y advierte de que la creación de un registro único para acceder a pisos protegidos que pretende impulsar el Ayuntamiento "abre el interrogante de cómo se gestionarán". "Ello no garantiza que haya más pisos", advirtió.
Igualmente, la Síndica reclama que los 'sin techo' que cuentan con un piso provisional facilitado por el Ayuntamiento para garantizar su inclusión social, en el marco del Plan de Inclusión, tengan posibilidad de acceder a una vivienda permanente, ya que, considera "insuficiente" la oferta actual.
ALERTA SOBRE LA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A ANCIANOS.
Otra de las preocupaciones de la Síndica es la situación de los servicios sociales dirigidos a los ancianos, motivo por el que ha recibido 48 quejas. Malla advirtió hoy de que algunos servicios municipales, como la atención domiciliaria, "se encarga a empresas privadas" y "en ocasiones se prioriza el aspecto económico".
"En algunos concursos de gestión que convoca el Ayuntamiento, sólo pueden acceder empresas multinacionales y, en cambio, quedan fuera compañías locales que podrían dar un buen servicio", advirtió Malla, quien abogó por realizar los cambios que sean necesarios para acabar con las "deficiencias" detectadas en algunos servicios.
FALTAN BECAS DE COMEDOR.
En su informe, Malla también alerta sobre la escasez de becas de comedor facilitadas por la Generalitat y que el año pasado, alcanzaron "sólo llegaron a 5.444 para toda la ciudad", explicó. "Los distritos ofrecen ayudas para poder ayudar a más personas pero no hay unidad en el criterio", denunció.
Malla calificó el problema de "gravísimo" y pidió al Consorcio de Educación de Barcelona, formado por la Generalitat y el Ayuntamiento, que "ponga medidas para garantizar becas de comedor a todas las familias que lo necesiten".
A lo largo del año pasado, la Síndica también recibió 144 quejas de las 1.114 referentes a cuestiones medioambientales, como quejas relacionadas con el ruido de bares o salas de musicas, así como de la existencia de propietarios que utilizan su piso como apartamento para turistas o que alquilan una habitación a extranjeros.
PIDE IDENTIFICACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS.
Otras 161 quejas fueron por problemas referentes a circulación, mayoritariamente multas de tráfico, mientras que 176 fueron por quejas sobre el funcionamiento de la administración. En este punto, algunos ciudadanos se quejan de que no tienen capacidad para identificar al funcionario, en el caso de que éste les atienda mal.
Para afrontar esta situación, Malla reclamó hoy al Ayuntamiento que identifique a todos sus funcionarios y trabajadores con un número, algo que ya ocurre con los agentes de la Guardia Urbana de la capital catalana.
