La Sindicatura de Cuentas ve irregularidades en el Palau de la Música desde 2010

EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha alertado de irregularidades en los recursos públicos del Palau de la Música tras el caso Millet destapado en julio de 2009, según el informe de fiscalización del Consorcio del Palau de la Música Catalana (CPMC) entre 2010 y 2013, publicado este miércoles.

El documento, consultado por Europa Press, recoge la "disolución de facto" del CPMC --entidad pública participada por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura-- en 2012 en favor de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, de carácter privado, lo que va en contra de las normas de régimen jurídico de las administraciones públicas.

Advierte además de que este traspaso de la gestión de la actividad y de los edificios del Palau a la Fundación supone "en la práctica" la pérdida del control público, mientras que el Consorcio mantiene la responsabilidad de pagos por el presunto desfalco, que la Sindicatura cifra en 3,65 millones de euros de presunta malversación de fondos públicos, la misma cifra calculada por el proceso penal que lleva el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona.

Tras estallar el caso Millet, el Consorcio firmó un convenio a tres bandas con la Fundación y la Asociación Orfeó Català que la Sindicatura señala que "para tener eficacia" debía haber sido publicado íntegramente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Asimismo, ha lamentado que ha supuesto "una disminución del control de los fondos públicos aportados al Palau y no ha supuesto una mejora de la transparencia en la gestión de los recursos públicos".

Ha apuntado irregularidades en esta línea, como una subvención de 1,17 millones otorgada por el Consorcio --procedente de los presupuestos de la Generalitat de 2012-- a la Fundación que no se ajusta a la normativa, y que si no consigue recuperar --hay en marcha un expediente de revocación que la Sindicatura pide agilizar-- dejará sus fondos propios "en una situación delicada".

Respecto a la gestión del Consorcio antes de ser vaciado de contenido en 2012, la Sindicatura habla de que en 2010 y 2011 no aplicaba el plan general de contabilidad pública; de "falta de control" en el gasto y organización del personal, y de que el Consorcio dejó de cobrar a la Fundación en septiembre de 2010 por el alquiler de salas del Palau, y antes lo hacía sin contrato.

Además, gastos que correspondían a la Fundación o el Orfeó fueron asumidos por el Consorcio, y había "una falta casi absoluta" de contratos formalizados con proveedores de bienes y servicios, cuya relación se basaba mayoritariamente en acuerdos verbales con la antigua dirección.

RESARCIMIENTO PROVISIONAL

También señala que el Juzgado 30 de Barcelona ha devuelto 2,42 millones al Consorcio entre 2010 y 2013 como resarcimiento en el marco del procedimiento penal contra los antiguos responsables del Palau, pero que esta cantidad es "provisional" hasta que finalice el trámite judicial, por lo que podría ser reclamada su devolución más adelante.

Ello se vería dificultado porque, de estos 2,42 millones, el Consorcio transfirió 0,82 a la Fundación y el Orfeó en 2011, y 0,9 a un fondo común (FEV) entre las tres entidades para recibir los resarcimientos, pero no puede disponer de esta última cantidad porque el control del FEV es exclusivo de la Fundación, que ya ha hecho uso de estos fondos para gastos propios.

ALEGACIONES

El Consorcio ha alegado al informe que estos años, tras el caso Millet, se ha vivido una situación "excepcional", y ha apuntado a cuestiones como que se imputó al equipo directivo que gestionaba el CPMC desde su constitución en 1983.

Ello implicó cambio de dirección, "sustracción de documentación" por parte de los imputados y de la policía y administración judicial, pérdida de información y despidos de trabajadores vinculados al anterior equipo directivo.

También ha aducido "falta de colaboración de personas que podían informar sobre actuaciones presuntamente delictivas, clima general de desconfianza" y comprobación de un desvío de unos seis millones de euros de los fondos gestionados por el Consorcio durante los años anteriores a 2009.