Acreedores logran el embargo de un edificio del Instituto Cervantes en Holanda por los impagos de las renovables

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los impagos de las indemnizaciones reconocidas a las empresas afectadas por el recorte de las primas renovables han motivado el embargo de un inmueble vinculado al Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), según informaron en fuentes de los fondos acreedores.

En concreto, la decisión está vinculada al impago de la deuda que arrastra España por el caso Eurus, filial de energía de renovables de Toyota.

La medida, adoptada por la Justicia neerlandesa a instancias de los acreedores del Reino de España, ha quedado ya inscrita en el registro de la propiedad neerlandés y afecta a la titularidad de un activo situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad, que, a partir de estimaciones de mercado, cabe imputar a la propiedad un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros, según las mismas fuentes de los acreedores, que estudian ahora avanzar hacia una eventual subasta pública del inmueble.

El embargo ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya, que el pasado 19 de marzo concedió la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados en relación con el caso Eurus. Sobre esta base, y tras haber sido España formalmente notificada el pasado 20 de abril sin que se produjera el pago de la indemnización pertinente, el 24 de abril se ha autorizado el embargo ejecutivo del inmueble.

Fuentes de los acreedores precisaron que el centro del Instituto Cervantes en Utrecht no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, "de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido, habida cuenta del tipo de propiedad y del uso que se da a la misma".

FRENTES ABIERTOS.

España cuenta con una cascada de frentes judiciales abiertos por los impagos de laudos por el recorte de las renovables. En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.

Asimismo, la Justicia belga bloqueó recientemente 482 millones de euros que debía percibir España en concepto de gestión de tráfico aéreo, pero que han sido consignados para resarcir a las empresas afectadas.

En paralelo, la Justicia británica ha zanjado ya su revisión de esta controversia y, a través de una sentencia del Tribunal Supremo, ha ratificado que España se ha convertido en un país deudor y que debe pagar sus deudas si quiere evitar nuevos embargos de bienes y activos.

También el Tribunal Supremo de Australia se ha pronunciado en la misma línea, reconociendo cuatro denuncias valoradas en 469 millones de euros, y el Tribunal Supremo de Singapur viene de fallar en la misma línea, reconociendo un primer laudo contra España, valorado en más de 100 millones de euros.

DEUDA DE MÁS DE 2.300 MILLONES.

En total, España suma una deuda de 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias.

El monto principal asciende a 1.754,7 millones, pero se incrementa en otros 545,6 millones como resultado de la acumulación de intereses de demora, honorarios de consultores y bufetes, condenas en costas, etc.