Por primera vez desde 2009, en Catalunya se resolvieron menos asuntos de los que ingresan en juzgados
BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El 33,7% de los abogados catalanes considera que la Administración de Justicia funciona mal o muy mal, el 56,6% cree que funciona regular y un 9,6%, que funciona bien, según el Informe sobre el estado de la Administración de Justicia en Catalunya 2018 del Observatorio Social y Económico de la Justicia de la Cátedra UAB-Cicac.
El estudio se basa en encuestas a un panel de 109 abogados catalanes de todas las jurisdicciones y colegios, además de un análisis de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha sido presentado este lunes por la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella; el presidente del Cicac, Ignasi Puig; el patrón de la Fundación bancaria La Caixa Jaume Lanaspa, y la decana de la Facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater.
Los abogados encuestados han valorado la calidad de las sentencias con una nota de 3,4 sobre 5, y el trato recibido de los jueces y magistrados de un 3,5 sobre 5; de los letrados de la Administración de Justicia, con un 3,1, y del personal del juzgado, con un 3,5.
El autor del estudio Jaume Blasco ha indicado en la presentación de los resultados, en un acto en el Palau Macaya de Barcelona, que la valoración general que los abogados catalanes hacen de la justicia es "una valoración baja".
Por ejemplo, la valoración de los penalistas del trato dispensado a las víctimas por parte del sistema de justicia penal y el grado de protección de los derechos de las personas que cumplen penas de prisión se sitúa en un 2,8 sobre 5.
En su intervención, la consellera Ester Capella ha lamentado constatar que el 90% de los abogados catalanes consideran que la Justicia no funciona bien, lo que les obliga "a hacer una reflexión sobre cómo mejorarla".
Ha alertado de que si la Administración de Justicia no es ágil y eficaz se ponen "en riesgo" derechos básicos de la ciudadanía, ya que, a sus ojos, si la Justicia no funciona bien se tambalea todo el Estado de Derecho.
Sobre la cifra del grado de protección de personas que cumplen penas de prisión, ha lamentado que la "lesión de los derechos fundamentales es patente", y que esta vulneración no se puede tolerar.
Por su parte, Ignasi Puig ha destacado que el Observatorio de la Cátedra, que nace en enero de 2015, ha realizado varios informes sobre el estado de la Justicia, que sirven para "generar debate" sobre cómo mejorar, y Esther Zapater ha indicado que quieren situarse en el nivel estatal y europeo como un referente importante con estos informes que sirven para evaluar el rendimiento de la Justicia.
DATOS CGPJ
En el informe, realizado por el analista Jaume Blasco y el profesor agregado de Ciencia Política de la UB Joan-Josep Vallvé, además de los directores de la Cátedra Manuel-Jesús Cachón y Enric Fossas, también se han analizado datos ofrecidos por el CGPJ, de los que destacan que en 2017, por primera vez desde 2009, en Catalunya se resuelven menos asuntos de los que ingresan, por lo que aumenta el número de asuntos pendientes de resolución a final de año.
Así, la cifra de asuntos pendientes aumentó un 9,9% en un año, especialmente en las jurisdicciones civil (+22,5%) y contenciosa (+6,8%).
La tasa de pendencia de los asuntos en Catalunya en 2017 fue del 0,44, lo que según los autores se traduce en que harían falta cinco meses del año siguiente con dedicación exclusiva para resolver los asuntos que quedan pendientes del año anterior.
En el estudio se constata que el número de jueces y magistrados en Catalunya se ha reducido un 5,9% entre 2015 y 2017, rompiéndose una tendencia al alza hasta 2015, y sitúa el ratio de jueces por 100.000 habitantes en 10,8.
Entre 2016 y 2017, además, se ha incrementado la actividad judicial, con 5,8% más de asuntos ingresados, si bien la litigiosidad se mantiene estable.
USO DEL CATALÁN
Blasco ha constatado durante la presentación que el uso del catalán en la administración de Justicia es "muy minoritario", ya que en 2018 un 95,5% de las sentencias en primera instancia estaban en castellano, y un 92,5% de la segunda instancia.
En 2018, según el estudio, las admisiones a trámite de las demandas o querellas tardaron 61,1 días de media --sobre una muestra de 95 procedimientos-- y ese mismo año, el tiempo transcurrido entre la fecha de presentación y la sentencia es, de media, de 583,1 día en primera instancia y de 860,8 en segunda.
