El TSJC anula las tasas de Barcelona a buses turísticos en zonas de gran afluencia

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Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 10 marzo 2026 17:16

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la ordenanza fiscal municipal del Ayuntamiento de Barcelona que regula la tasa por tramitación del permiso diario de uso de la Zona Bus y de la Plataforma logística del Park Güell, así como la tasa por la tramitación de la reserva previa de los entornos singulares por "no ser conforme a derecho".

En febrero, Barcelona puso en marcha la Zona Bus 4.0, un nuevo modelo de gestión para regular el estacionamiento y las paradas de los autocares turísticos en la ciudad con el fin de velar por una movilidad más ordenada, eficiente y sostenible en los puntos de alto interés para los visitantes, según informó en un comunicado.

En la sentencia consultada por Europa Press, el tribunal estima el recurso interpuesto por la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav) contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona de 20 de diciembre de 2024 en el que se aprobó la Ordenanza Fiscal que regulaba estas dos tasas, y desestima la impugnación en lo referente a la tasa de estacionamiento.

Considera que las razones que llevan al consistorio a imponerlas "no se dirigen a justificar los costes directos o indirectos de la actividad municipal consistente en la tramitación de los permisos", sino a la necesidad de racionalizar el uso del espacio público y mejorar la movilidad, lo cual ya es propio de la tasa por el estacionamiento de vehículos de gran capacidad.

Añade que el Ayuntamiento de Barcelona esgrimió razones de movilidad, sostenibilidad y protección ambiental, pero "no se justifican motivadamente" los parámetros fijados para determinar el importe de las citadas tasas.

Se apoya en que el Consell Tributari ya manifestó en su informe que la memoria justificativa de la Administración local era "excesivamente genérica" para justificar el coste del servicio y de la propia tarifa.

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