Ambos se han reunido este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona
BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Govern de las Islas Baleares, Juan Pedro Yllanes, ha compartido este jueves con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, su voluntad de implementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en las islas y la necesidad de trabajar unidos para el despliegue de esta medida en ambos territorios.
Ambos representantes han comparecido en rueda de prensa tras reunirse en el consistorio barcelonés, un encuentro en el que han mostrado su compromiso de avanzar en la reducción de emisiones y cumplir con los objetivos europeos y con la legislación estatal.
Así, han acordado continuar con el trabajo que tanto el Govern balear como el Ayuntamiento están realizando y, en ese sentido, ven fundamental la coordinación entre instituciones para seguir avanzando en la descarbonización de los territorios.
Por otro lado, en la reunión también han abordado la necesidad de impulsar medidas para cambiar el actual modelo energético y acelerar la transición energética hacia un modelo más sostenible, y han compartido la experiencia de la comercializadora metropolitana Barcelona Energia.
Tanto Colau como Yllanes han destacado la "agenda compartida" entre ambos territorios y la coordinación para detectar los problemas y aportar soluciones comunes, y han asegurado que trabajan con el consenso científico, político y social para impulsar medidas a favor de la salud y el medioambiente.
ZBE EN LAS 4 ISLAS
Yllanes ha destacado que las islas están trabajando para cumplir el artículo 14 de la ley de cambio climático estatal, que determina que antes de 2023 los territorios insulares y los municipios de más de 50.000 habitantes deben determinar Zonas de Bajas Emisiones.
"Estoy seguro que las islas estarán dispuestas a crear una Zona de Bajas Emisiones. Si conseguimos que las cuatro islas sean completas Zonas de Bajas Emisiones tendremos cumplido nuestro objetivo", ha asegurado.
Además, el vicepresidente ha valorado la sentencia que anula la ZBE en Barcelona, sobre la que ha dicho que va en contra de lo que dicta la Unión Europea y ha subrayado la obligación de las administraciones públicas de proteger el derecho de salud a las personas.
