CEUTA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), y la directora general de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Aránzazu Vallejo, han firmado este jueves un acuerdo sobre la financiación, ejecución y explotación de la nueva planta de secado térmico de fangos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) local, la infraestructura con la que se da por cerrado el ciclo integral del agua en la ciudad autónoma.
En declaraciones a los medios, Vivas y Vallejo se han congratulado por el resultado del "esfuerzo compartido" efectuado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Administración autonómica durante los últimos quince años para acabar con el "atentado ambiental" que suponía verter las aguas residuales directamente al mar en el Estrecho de Gibraltar contraviniendo, además, la normativa europea.
Ciudad y Estado han invertido "más de 80 millones de euros", un 40 por ciento en la construcción de la EDAR, una estación de impulsión y la planta de secado de lodos, que reducirá su peso en un 74 por ciento. Ello permitirá reducir de 800.000 a 400.000 euros el coste anual de su transporte a la península.
La infraestructura, que ha costado 4,1 millones de euros, ha sido financiada con fondos europeos en un 64 por ciento por Acuaes y el Gobierno de Ceuta pagará el 36 pro ciento restante durante 25 años a razón de 90.000 euros al mes de media. La planta es "ecológicamente muy eficiente" ya que obtendrá hasta un 70 por ciento de la energía que necesita para secar los fangos utilizando el biogás que genera la propia EDAR.
El presidente de Ceuta se ha congratulado porque, además de avanzar en la gestión final del ciclo integral del agua, el resto de inversiones acometidas para, por ejemplo, ampliar la planta desalinizadora de la ciudad, ya le permiten "ser autosuficiente en el abastecimiento sin depender de la pluviometría, de buques-aljibe o de manantiales ubicados fuera de nuestras fronteras".
Vivas también ha ensalzado el "compromiso" del Ministerio de Medio Ambiente con Ceuta como prueba de la "sensibilidad" de todo el Gobierno central con los "condicionantes" que "complican ofrecer a la población local los mismos servicios públicos que al resto de los españoles".
