MELILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El pacto suscrito entre PP y PPL para la gobernabilidad de Melilla, al que ha tenido acceso Europa Press, consta de diez páginas y está basado en tres objetivos fundamentales. El primero "una ciudad libre de corrupción", el segundo "una ciudad libre bien gobernada" y tercero "la unidad de los partidos", prevista para después de las elecciones generales con la integración del PPL en el PP.
Entre los puntos fundamentales del acuerdo, que ha permitido la reelección de Juan José Imbroda por mayoría absoluta, están la reducción de las consejerías existentes hasta el momento así como de las Viceconsejerías.
Asimismo establece la aplicación a los miembros del gobierno de los topes retributivos impuestos a los miembros de las corporaciones locales en las leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el acuerdo no se impone la duración de los cargos pero sí la "limitación voluntaria" del tiempo de permanencia del Presidente a dos mandatos.
De igual manera, se pide la reforma del Reglamento de la Asamblea para permitir a los grupos políticos el acceso a toda la información municipal sin restricciones, mejorar la organización 'de los debates, elevar al Pleno todas las mociones presentadas por la oposición y facilitar el control de la actividad del gobierno.
Asimismo, la constitución en la Asamblea de una Comisión permanente para la Prevención de la Corrupción que redactará un "Plan de Prevención de la Corrupción" en la Ciudad Autónoma de Melilla. Todo ello, además del consabido punto en el que se recoge que no pueden formar parte del Gobierno cargos procesados, aunque estén inmersos en recursos.
LUCHA CONTRA LA POBREZA
El PP y PPL consideran prioritario que toda la acción del gobierno ha de estar dirigida básicamente a erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la cohesión social y la regeneración ética de la actividad política.
Sobre la base de estos presupuestos, señalan que la necesidad de una "ciudad libre de corrupción", para lo que señalan que la regeneración democrática de la ciudad requiere el cumplimiento de unas medidas indispensables de prevención y represión de la corrupción.
Entre las medidas para logarlo, citan la aplicación de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y cobertura de los puestos de Secretario General, Interventor y Tesorero por funcionarios habilitados de carácter nacional. También que los Tribunales de oposiciones para el acceso a la función pública se compondrán exclusivamente de funcionarios de la Administración del Estado destinados fuera de Melilla.
Subrayan la elaboración de un Código Ético y de Buen Gobierno y así aseguran que la infracción de las reglas de este código determinará el cese de los cargos políticos y de los funcionarios en los puestos de libre designación. Se incluirán, entre otras medidas, las siguientes: Prohibición para cargos políticos y funcionarios de recibir regalos por el ejercicio del cargo y prohibición para los cargos políticos de que sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado ingresen a trabajar en la CAM como personal eventual de confianza.
