CEUTA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Yolanda Bel, 'número 2' del partido en Ceuta pero sin cargos institucionales actualmente, ha declarado en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación en el marco del caso que también investiga la presunta comisión de otros ilícitos como malversación y hasta cohecho en la gestión del depósito judicial de vehículos de la ciudad autónoma.
La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil local explotó la causa en octubre con la detención en Sevilla de un funcionario del Ministerio de Justicia, O.M., que ha permanecido en prisión provisional hasta la semana pasada, cuando la Audiencia Provincial de Cádiz aceptó su puesta en libertad sin pasaporte y con obligación de comparecer los lunes y los jueves en sede judicial.
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press tras el reciente levantamiento del secreto de sumario, la causa trata de esclarecer si, como apuntan "las declaraciones de un coinvestigado, testigos y a la documentación aportada por la Guardia Civil", el referido funcionario recibió "en dos ocasiones" 3.000 euros desde una de las empresas depositarias de los automóviles. También se intenta dilucidar si ese dinero era solo para el investigado o lo repartía con terceras personas.
La Guardia Civil tomó declaración como detenido a finales de octubre al entonces gerente de la Empresa Municipal de Aparcamientos y Gestión Vial de Ceuta (Amgevicesa), que tres días después dimitió de su cargo "habida cuenta su situación como investigado y con base en razones de coherencia personal".
Yolanda Bel, que fue consejera del Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP) desde 2003 hasta 2015, y la secretaria general de la Asamblea de Ceuta, María Dolores Pastilla, han declarado como investigadas por un presunto delito de prevaricación al haber firmado la primera como presidenta del Consejo de Administración de Amgevicesa y actuado como fedataria la segunda un Decreto para posibilitar la salida de la ciudad autónoma de cientos de automóviles intervenidos.
Colapsado, el depósito municipal de vehículos dejó de ser en 2012 el destino de los coches requisados por orden judicial y las Administraciones aceleraron el traslado para su supuesta destrucción de los vehículos. El primer expediente se completó con éxito pero en el segundo se registraron denuncias de propietarios que, al terminar sus causas judiciales, no pudieron recuperar sus vehículos.
En 2015, la Administración de Justicia detectó presuntas irregularidades en la gestión del depósito al constatar que en Ceuta se presentaban "sistematicamente" facturas por distintos depositarios para su pago "hubieran sido o no intervenidos judicialmente los vehículos a que hacían referencia".
En una instrucción alertó de que "la mayoría de los vehículos que estaban depositados no estaban intervenidos judicialmente y paralelamente en muchos casos los depositarios presentaban de forma extemporánea sus facturas", con lo que "la actitud de unos y otros generaba unos costes de depósito inasumibles para cualquier gestor público que actuase con un mínimo de responsabilidad por la gestión".
