MADRID, 4 Nov. (CHANCE) -
Acabamos de contaros que los tres magistrados que forman esta Sección Segunda: Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Carmen Ordóñez han desestimado los correos personales de Iñaki Urdangarín y ahora os contamos que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del 'palacete' de Pedralbes.
Esta decisión sobre la propiedad al cincuenta por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ha sido tomada después de que el Duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres -por un importe de 8,2 millones al que posteriormente se le descontó el IVA-.
Un duro varapalo para el matrimonio ya que la semana pasada cuando Mª Ángeles Alcázar hablaba en el programa de Ana Rosa que el palacete ya no estaba a la venta porque suponía mucho para la Infanta Cristina: "Sería como arrancarle un hijo y ella piensa que va a regresar". Y además porque el propio Iñaki Urdangarín recurrió este auto denunciando haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, debido a la cual se vería abocado a un "injusto empobrecimiento". Torres al igual que el Duque también recurrió este auto por el que fue decretada la fianza.
Pero no solo se ha procedido al embargo de esta vivienda, sino también parte de otros inmuebles a nombre de Iñaki y que éste ofreció al Juzgado de Instrucción número 3 con el objetivo de cubrir, junto a los bienes correspondientes a Torres, la caución reclamada por el juez, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana -que han sido citados a declarar el próximo día 16- de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
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