ACPV ve a Bravo como "un obstáculo" para el valenciano en la función pública y pide a Puig que "restablezca el consenso"

   VALNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

   Acció Cultural del País Valenci (ACPV) ha lamentado que la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, "no está jugando en absoluto a favor" del valenciano, sino que "más bien es un problema y un obstáculo". Por ello, solicita al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que intervenga para "restablecer el consenso" en cuanto a la exigencia del conocimiento de esa lengua en la función pública.

   Así lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, el secretario de ACPV, Toni Gisbert, después de las manifestaciones realizadas este martes por Bravo en las que ha aseverado que pondrá en marcha "ya" el decreto para regular la capacitación lingüística con el objetivo de acceder a la función pública valenciana y buscará acuerdos con Compromís para que sea aprobado.

   No obstante, la consellera ha advertido de que es partidaria de un acuerdo "razonable" en el que no se exija "un plus" mas allá del nivel de capacitación del valenciano que dé el sistema educativo, del que ha subrayado que debe poner en marcha ahora el decreto de homologación de niveles.

   Al respecto, Gisbert ha recordado que desde que ACPV impulsara en 2016 un acuerdo social para lograr esta reivindicación, "es un hecho constatable que la consellera Bravo no se ha caracterizado por un talante dialogante y de consenso, sino que más bien ha sido un obstáculo".

   Por su parte, ha apuntado, Acció Cultural ha tenido "mucha paciencia ante los retrasos", pero, llegados a este punto, debe exigir a la Presidencia del Consell su intervención.

   En este sentido, el portavoz explica que, tras la probación de la reforma de la Ley de Función Pública y la decisión de elaborar un reglamento para la concreción de los niveles de conocimiento de acceso, se constituyó una comisión formada por representantes de las tres áreas del Gobierno implicadas: la de Justicia y Administraciones Públicas, en manos del PSPV; la de Educación y Cultura, bajo la dirección de Compromís, y la de Presidencia.

   "Lo que ACPV pide a Presidencia --incide Gisbert-- es que vote y desempate porque el 'president' Puig ha de decidir si opta por una solución intermedia razonable que dé carta de naturaleza a algo que ya existe o se alinea con las posiciones mas retrógradas". En este último caso, Acció Cultural se vería obligada a "pedir a los grupos parlamentarios que voten en contra de la resolución", ha advertido.

   En opinión del secretario de ACPV, a Gabriela Bravo, "al igual que a una parte importante de su partido, se le olvida que no gobiernan solos y que dentro de sus competencias no esta la de Política Lingüística".

   En esta línea, ha reprochado a la titular de Función Pública "no tener en cuenta varias premisas". En primer lugar, ha señalado, "que el valenciano es la lengua cooficial en el País Valenciano y ha de tener el mismo trato que el castellano, ni más i menos".

"MALTRATO HISTÓRICO"

   Además, ha subrayado que los funcionarios son "servidores públicos" y son los ciudadanos los que tienen derechos. Por último, le ha recordado "la existencia de un maltrato histórico hacia el valenciano por parte de la administración, lo que hace que se deba tener una particular atención y cariño para revertir esa situación".

   ACPV recalca que el "punto de consenso" es el nivel C1 para los grupos superiores de la administración valenciana (A1 y A2). Gisbert ha apostillado que decir que no conformarse con la exigencia de conocimiento que acredita el bachillerato puede suponer un menosprecio al sistema educativo es un razonamiento "falaz".

   "En la administración hay una escala para el acceso a determinados puestos, para unas plazas se pide un bachillerato y para otras, titulaciones universitarias. En coherencia con eso, sería lógico también establecer una escala de conocimiento de valenciano para los grupos más altos, puesto que no es lo mismo un funcionario que ocupa un lugar de bedel que un abogado de la Generalitat que ha de saber redactar recursos en valenciano", ha puesto como ejemplo.

   "Y eso no es un descrédito para nadie. ¿Por qué no se pide entonces solo el bachillerato para cualquier puesto en la administración", ha planteado.

   Además, Toni Gisbert resalta que la inmensa mayoría de los integrantes de los grupos A1 y A2 ya tiene la acreditación de valenciano correspondiente al 'mitj', por lo que exigir solo el nivel de bachillerato sería "en la práctica un retroceso". "La consellera Bravo está haciendo trampa", ha rematado.