El alcalde de Torres Torres anuncia su dimisión "por asuntos personales" tras aceptar ocho años por narcotráfico

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) - El alcalde de la localidad valenciana de Torres Torres, el no adscrito Rafael Moisés Gil, ha anunciado este jueves que presenta su dimisión como primer edil después de que el pasado martes en la Audiencia de Valencia aceptara cumplir una condena de casi ocho años de prisión por pertenecer a una organización criminal dedicada a la intermediación, producción, adquisición, venta y transporte al resto de Europa de grandes cantidades de marihuana y armas de fuego. Así lo ha confirmado a algunos periodistas a las puertas del consistorio, aunque atribuye su decisión no a la situación judicial en la que se encuentra sino a "asuntos personales" que le llevan a dimitir, una renuncia que va a hacer efectiva "de forma inmediata" --antes de comer, ha dicho-- y para la que ya había pedido a primera hora de la mañana que le preparan los papeles. "Y ya está, no puedo hacer nada más", ha indicado Gil, quien ha añadido que ahora tendrá que buscar trabajo en la empresa privada. "No voy a repetir. ¿Cómo voy a repetir de alcalde?, dejo la política?", ha afirmado. El alcalde ha admitido "presiones" de su familia para la dimisión y asimismo ha reconocido que este no es "un momento agradable para nadie" pero ha reivindicado la labor realizada en el consistorio aunque ahora "he terminado mi carrera política y me tendré que dedicar a trabajar", ha añadido. De hecho, ha afirmado que ya lo está buscando porque su empresa "está en concurso porque me deben muchísimo dinero". Rafael Gil ha desvinculado esos "asuntos personales" que le han llevado a dimitir de la condena aceptada por conformidad esta misma semana aunque rechaza realizar declaraciones sobre este asunto porque "está en proceso", si bien reconoce que existe este acuerdo con la Fiscalía para la reducción de condena. El ministerio público pedía inicialmente para él hasta 30 años de cárcel que, con la conformidad, se quedan en siete años y once meses. Preguntado entonces por si ha reconocido formar parte de esa red de narcotráfico, ha dicho: "Bien, lo que está escrito, escrito está". Gil ha asegurado estar "tranquilo" aunque "pasándolo mal". "Pero son cosas que ocurren, no es un plato de buen gusto", dice y ha agradecido el apoyo de los vecinos que se lo han dado. En un primer momento el alcalde, que se presentó a la alcaldía como independiente en las listas del PSPV y fue expulsado del grupo municipal en el momento de su detención por estos hechos, había mostrado su intención de continuar en el cargo tras la condena, lo que llevó a los grupos municipales a empezar a plantearse una negociación para una moción de censura que lo desalojara del cargo. Según han explicado a Europa Press fuentes socialistas en el Camp de Morverdre, se estaba empezando a negociar esta posibilidad con PP (tres ediles) y Compromís (dos), si bien no había ningún acuerdo. Sí que existía, no obstante, una voluntad de "quitar al alcalde de la Alcaldía. En eso coincidimos y en que la moción esté cuanto antes". El PSPV tiene un edil en el consistorio. "Esto no se puede mantener así", apuntaban las fuentes consultadas, que mostraban su voluntad de que los tres grupos llegaran a un acuerdo que saliera adelante en buenas condiciones. Es algo que es la voluntad tanto de la ejecutiva comarcal como la de 'país', indicaban. Rafael Gil aceptó esta semana en la Audiencia cumplir casi ocho años de prisión, ocho de inhabilitación para cargo público y 131.000 euros de multa por pertenecer a una organización criminal dedicada a la intermediación, producción, adquisición, venta y transporte al resto de Europa de grandes cantidades de marihuana y armas de fuego. El primer edil alcanzó una conformidad con la acusación por la que acepta una condena de siete años y 11 meses de cárcel, ocho años de inhabilitación para cargo público y 131.000 euros de multa por pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, encubrimiento, contra los derechos de los trabajadores, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

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