El Ayuntamiento de Alicante recurrirá la sentencia que anula parte del pliego del contrato de autobús: "Lo hicimos bien"

   ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Alicante presentará un recurso de apelación, por "razones evidentes", contra la sentencia del juez titular de plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante que ha anulado parte del pliego del contrato del transporte público urbano en autobús de la capital alicantina por los requisitos de solvencia técnica exigidos. Desde el consistorio han defendido su gestión: "Lo hicimos bien".

   Así lo ha indicado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, del PP, en la rueda de prensa ofrecida este martes tras la junta de gobierno local, aunque en esta comparecencia también ha insistido que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala respeta las decisiones judiciales.

   La sentencia declara "contraria a Derecho" la cláusula 28.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que es la que exigía "experiencia en servicios de transporte urbano de autobuses, con al menos un contrato en los tres últimos años en el que la flota cuente con un mínimo de 71 autobuses en servicio en día laborable".

   El juez entiende que "esta cláusula constituye el punto central del litigio". Así, el magistrado ordena al Ayuntamiento de Alicante a "reformular los requisitos de solvencia técnica de forma proporcionada y abierta a experiencias equivalentes".

VILLAR: "ESTAMOS HABLANDO DE VALORACIONES"

   Al ser preguntado por esta sentencia, Villar ha dicho que el consistorio recurrirá por "varias razones evidentes" y ha señalado que la ciudad de Alicante "debe ser lo suficientemente exigente con quien debe prestar" servicios como el del transporte público en autobús.

   Sobre la solvencia, ha indicado: "Para nosotros no era excesiva y para el juez sí. Estamos hablando de valoraciones. Por tanto, esa circunstancia nos hace estar tranquilos en que vamos a recurrirla, evidentemente, porque estamos hablando de cuestiones subjetivas".

   El vicealcalde ha insistido en que la sentencia no dice al Ayuntamiento de Alicante cuál es la solvencia que tendría que haber planteado, por lo que el recurso está "claro". "Yo creo que haríamos mal si la décima ciudad de España no es lo suficientemente exigente en los servicios, como el transporte, que pretende que se le preste a sus ciudadanos. Y, por tanto, a partir de ese momento, creemos que lo hicimos bien y, evidentemente, recurriremos", ha defendido.

   Preguntado sobre qué podría pasar en el caso de que no prospere ese recurso, Villar ha confirmado que se tendría que hacer una nueva licitación del contrato, es decir, que "habría que empezar de cero". También ha abundado en que la asociación que ha llevado a los tribunales el pliego del contrato, Gestión Transporte de Viajeros (GTV), no participó en la licitación.

   El vicealcalde, que espera que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dé la razón al Ayuntamiento de Alicante, ha trasladado que entiende que no habría que indemnizar a la concesionaria en el caso de que se le retirara el contrato.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

   Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha pedido que "se depuren responsabilidades políticas" por el "caos permanente" en "la contratación de los grandes servicios municipales".

   "Con Barcala, los grandes contratos siempre acaban igual: recurridos, judicializados o cuestionados por los tribunales. Alicante no puede seguir funcionando a base de chapuzas administrativas y contratos mal hechos que acaban perjudicando a los alicantinos y alicantinas", ha indicado Barceló.

   El grupo socialista ha precisado, en un comunicado, que Barceló ha afirmado que esto "ya no responde a errores puntuales, sino a una forma de gobernar marcada por la improvisación, la falta de planificación y la incapacidad para gestionar con seguridad jurídica los principales contratos de esta ciudad".

   Respecto al contrato del transporte urbano, Barceló ha criticado las explicaciones ofrecidas por el equipo de gobierno y ha advertido de la "gravedad" de la sentencia: "El tribunal dice literalmente que se han vulnerado los principios de proporcionalidad y libre concurrencia, que se ha favorecido a operadores ya implantados y que el pliego prefiguraba al candidato. Estamos hablando de algo mucho más serio de lo que el PP intenta aparentar".

   En este sentido, la portavoz del PSPV en el consistorio ha acusado al ejecutivo de Barcala de "intentar minimizar una resolución judicial muy grave que cuestiona elementos esenciales del procedimiento de contratación".

   Por su parte, EU-Podem ve "muy grave" esta sentencia y cree que "confirma las sospechas" de la coalición: "El concurso estaba planteado para favorecer a la empresa de siempre y dificultar la competencia real".

   En un comunicado, este grupo municipal ha indicado que "esto no puede presentarse como un simple error técnico". "Estamos hablando de un contrato millonario y de un servicio esencial para la ciudad. Alguien decidió incluir esas condiciones y alguien tiene que asumir responsabilidades políticas", ha apostillado.

   Por ello, EU-Podem ha exigido al gobierno del PP "que explique quién redactó y avaló este pliego y que no utilice dinero público para alargar el procedimiento con recursos judiciales innecesarios". "Si el proceso debe reiniciarse, tiene que hacerse con transparencia, igualdad de condiciones y pensando únicamente en el interés general y en mejorar el transporte público de Alicante", ha aseverado, para finalmente sentenciar que "no es la primera vez que una gran adjudicación municipal del PP acaba cuestionada en los tribunales".

GTV: "VICIOS DENUNCIADOS"

   De otro lado, la entidad que llevó a los tribunales el pliego, GTV, ha avanzado que también recurrirá la sentencia, al considerar que, "pese a ser favorable, se queda corta y no llega a anular la totalidad de los vicios denunciados".

   "El problema no acaba en la cláusula de solvencia. Desde GTV denunciamos que el conjunto del pliego configuraba un sistema en el que la adjudicataria no podía perder bajo ningún escenario imaginable", ha añadido.

   Y ha apuntado: "Buena parte de los criterios automáticos (kilómetros adicionales, mamparas, mejoras tecnológicas) se convirtieron en puntos decorativos que no discriminaron entre ofertas. Aunque un competidor hubiera ofertado regalar el servicio gratuitamente al Ayuntamiento, no habría podido ganar. Esto no es competencia: es una pantomima documentada".

   Desde GTV han avanzado, así, que pedirán al TSJCV "la anulación íntegra de los pliegos y la consiguiente declaración de nulidad de pleno derecho del procedimiento por vulneración estructural de los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad".

   "El Ayuntamiento de Alicante diseñó un procedimiento que tenía nombre y apellidos antes de abrirse los sobres. La sentencia es un primer paso importante, pero no es suficiente. Vamos a exigir ante el TSJCV que se anule íntegramente una licitación que era un fraude técnico al principio de libre concurrencia, y no descansaremos hasta que el Ayuntamiento saque una licitación verdaderamente abierta a la competencia, y no un trámite cosmético para que gane el de siempre", han recalcado desde la asociación.

   A juicio de GTV, "el transporte urbano de Alicante es un servicio público esencial que exige procedimientos de licitación abiertos, equitativos y respetuosos con los principios de transparencia y no discriminación".