VALENCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, denunció hoy "el penoso comienzo" del mes de diciembre por parte del Gobierno de España hacia la Comunitat Valenciana, con el traslado de 36 inmigrantes irregulares, en cuatro envíos, como "castigo" a las críticas realizadas para pedir soluciones.
"Ése es su castigo para nuestra crítica demanda de soluciones, pisar el acelerador y trasladar a más personas durante todo el semestre", afirmó Blasco en un comunicado. Según sus datos, el Ejecutivo ha derivado los días 1, 3 y 4 de este mes, divididos en cuatro traslados, a un total de 36 inmigrantes irregulares de procedencia argelina a la Comunitat, con lo que el global del año asciende ya a 529 y a 5.029 desde 2005.
En esta línea, criticó que los traslados por parte del Gobierno socialista a la Comunitat "han tenido un considerable repunte durante el segundo semestre de este ejercicio". "De hecho, a falta de 25 días para que acabe el año, el 56,3% de todos los inmigrantes irregulares derivados han llegado en estos últimos cinco meses frente a los llegados en los primeros seis (43,7%)", especificó, y concretó que en los cuatro días, el Ejecutivo central "ha derivado a más inmigrantes irregulares que en todo el mes de enero, abril y julio".
Al respecto, Blasco lamentó que mientras comunidades autónomas como Cataluña "ya saben aproximadamente la cantidad de la que dispondrán en 2010 para la inmigración, en la Comunitat todavía se desconoce". En este sentido, subrayó que, lo que sí se sabe, es que el Gobierno central "va a reducir en un 50% el presupuesto para el Fondo de Acogida e Integración que se distribuye entre las regiones".
"Si consideramos este recorte, la Comunitat pasaría de recibir 22 millones de euros a 11,5 millones el año que viene de unos fondos que permiten principalmente financiar las plazas de acogida e inyectar dinero en los municipios para la integración de los inmigrantes", afirmó.
Para Rafael Blasco, "este nuevo desatino de Zapatero afectará a un sector especialmente 'atacado' por la crisis y a quienes trabajan por ayudarles. Es decir, limitará la capacidad a las entidades y ONGs valencianas que están luchando diariamente por proporcionarles una situación digna".
