El catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, Francisco Javier Orduña, en la comisión de investigación de la dana en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES
VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, Francisco Javier Orduña, ha señalado las "disfunciones" que se producen durante las emergencias como la dana del pasado 29 de octubre ante la falta de un texto de protección civil que "coordine todos los ámbitos" de actuación y competenciales y ha defendido la necesidad de aprobar "una legislación marco desde el punto de vista estatal y autonómico".
Además, ha afirmado que el Cecopi "tiene que actualizarse" porque en la noche de la dana se mostró como una reunión "sin una información real, sin medios tecnológicos preparados y sin un protocolo de actuación que diga quién tiene que decidir, quién no tiene que decidir".
El exmagistrado del Tribunal Supremo ha intervenido este lunes en València en la comisión de investigación de Les Corts sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana de octubre.
Orduña ha respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios, concretamente del diputado de Compromís Jesús Pla que ha pedido la valoración sobre por qué el Consell pidió la emergencia nacional por el apagón pero no por la dana y por la posible responsabilidad patrimonial de cada administración y de la socialista Alicia Andújar, que ha tachado la comisión de "farsa" y ha preguntado si él ha defendido en el pasado la declaración de emergencia nacional para "suplir la incompetencia de una consellera (Salomé Pradas) que no sabía de Emergencias y de un presidente (Carlos Mazón) que apuraba copas de vino en el Ventorro".
Desde el PP, Fernando Pastor ha querido saber si el exmagistrado cree que las agencias estatales deberían comparecer en esta comisión y el representante de Vox, José María Llanos, que ha pedido su opinión sobre la movilización del Ejército en las tareas de rescate y si era necesaria la solicitud de la Generalitat para el despliegue.
Por un lado, el catedrático ha señalado que las inundaciones son "un supuesto de responsabilidad civil tan grave" que "parece imprudente descartar de inicio la concurrencia de responsabilidades" entre administración autonómica y central. "El ámbito de responsabildiad patrimonial concurracional habra que analziarlo, no se puede anticipar ningún resultado", ha comentado.
Por otro lado, ha indicado que el artículo 149 de la Constitución Española dice que "la competencia de la Seguridad Pública es una competencia exclusiva del Estado" y que la doctrina constitucional entiende "sin duda alguna que quedan comprendidas las competencias de Seguridad Ciudadana, de Protección Civil y de Protección de Infraestructuras Críticas".
Orduña ha añadido que el Estatuto de Autonomía recoge la competencia de protección civil en el artículo 49.3 regla 14. "Aquí no hay ninguna duda y efectivamente recoge protección civil. Es también cierto que la recoge como competencia exclusiva, pero a renglón seguido establece y delimita 'sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución'. Por lo tanto, subordinado, como no puede ser de otra manera, al texto constitucional", ha indicado.
A su juicio, "no hay posibilidad de que referencia de un Estado de derecho y democrático si el Estado es incapaz y se declara incompetente en la protección de la integridad física de las personas", ha expuesto.
El exmagistrado ha afirmado que se da "una concurrencia de gestión en esa competencia exclusiva del Estado y ahí es donde efectivamente hay que tener unos ámbitos específicos de dirección y de coordinación"." La coordinación no es perfecta, ni siquiera legislativa. Carecemos de un texto, realmente, de protección civil que coordine todos los ámbitos, y por tanto tenemos legislación separada. Y por eso, a veces, se producen algunas disfunciones", ha indicado.
Por otro lado, ha señalado que "el ámbito de la seguridad pública es un título competencial muy complejo" y "es necesario para mí que se analicen obviamente el papel que tuvieron estas agencias estatales".
Asimismo, ha señalado que "el Cecopi tiene que actualizarse" y ha criticado que se viese "una reunión de unas veintitantas personas sentadas con dos minutos pico para hablar, no se sabe muy bien, sin una información real, sin medios tecnológicos preparados y sin un protocolo, un reglamento de actuación que diga quién tiene que decidir". "El protocolo que hay, por lo que se ha visto, es totalmente, manifiestamente, mejorable", ha señalado.
EMERGENCIA NACIONAL
Asimismo, Orduña ha incidido en que la Ley 17-2015 del Sistema Nacional de Protección define lo que es emergencia nacional y recoge el escenario de "catástrofes que afectan a diversas comunidades autónomas" o que "puede ser, incluso cuando afecta a una comunidad, por la trascendencia, magnitud y gravedad de la misma".
Orduña ha indicado que el apagón de abril fue un "supuesto claro de emergencia nacional" y que "a quien le correspondía la decisión de decidir no era al presidente de la Comunitat Valenciana", sino al Gobierno.
También ha apuntado que la declaración corresponde al ministro del Interior y que "la Constitución, en el artículo 104, establece que las fuerzas de defensa están a servicio" del salvamento y la respuesta ante una catástrofe, "y la legislación en materia de defensa nacional permite la intervención del Ejército sin necesidad de coordinación alguna, por decreto o por resolución directa, del ministro de Defensa".
En una segunda intervención, ha respondido a nuevas preguntas de los grupos, entre ellas las de PSPV y Compromís sobre que la Audiencia Provincial de Valencia, por unanimidad, ha resuelto que la protección civil es competencia autonómica, y sobre que la declaración de emergencia nacional será a instancias del Ministerio de Interior o por la solicitud de la autoridad autonómica o la Delegación de Gobierno.
El exmagistrado ha señalado que "la competencia en materia de emergencia claro que la tiene la comunidad autónoma, lo que quiero decir es que no la tiene materialmente de forma exclusiva".
"Lo que yo propongo es que el Estado actual demuestra que hay ciertas disfunciones, la prueba es evidente, y por tanto sería conveniente hacer una legislación marco desde el punto de vista estatal y autonómico en donde todos estos aspectos que pueden presentar alguna disfunción en el servicio público sean tenidos en cuenta".
Asimismo, Orduña ha insistido en que "la situación en la Comunitat Valenciana era de emergencia nacional" y ha remarcado que "no es lo mismo tener la capacidad de decidir directamente, sin solicitar nada, tomar tú mismo la decisión, que poder presentar la solicitud para que la tome el ministro de Interior".