Císcar asegura que el aval a la SGR está fuera de la prohibición de la UE de ayudas públicas a empresas privadas

VALENCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha asegurado que el aval de la Generalitat Valenciana a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) "podría considerarse como uno de los supuestos" de la UE que estaría "fuera de la prohibición de ayudas públicas al sector privado que distorsionan la competencia".

Císcar se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell con motivo de la aprobación por parte del Consell del aval de 200 millones que "garantiza la continuidad de la Sociedad de Garantía Recíproca".

El aval aprobado por la Generalitat, ha explicado Císcar, incluye una condición resolutoria que condiciona su validez a la decisión que adopte la Comisión Europea en próximas fechas. De este modo, si el aval es calificado por la autoridad europea como ayuda de Estado no compatible, o la sociedad tiene que liquidarse como consecuencia de la decisión de las autoridades europeas, "el aval dejará de tener efecto".

A expensas de esta decisión, la operación de financiación se podrá "formalizar en breve gracias" al preacuerdo de reestructuración de su deuda alcanzado con un 'pool' bancario, compuesto por hasta 23 entidades de crédito.

Preguntado en este sentido por qué pasará si la UE no da validez a este aval, Císcar ha señalado que "se ha hecho alguna gestión con la UE y esto podría considerarse como uno de los supuestos que estaría fuera de la prohibición de ayudas públicas al sector privado que distorsionan la competencia". En caso de que Europa rechazara este acuerdo, "supondría el fin del aval, no de la SGR" pero "complicaría muchísimo" su funcionamiento.

PLAN DE VIABILIDAD

Para la consecución del citado aval, la SGR ha presentado un plan de viabilidad de su proyecto de futuro, el cual ha sido revisado y contrastado por el Banco de España y con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En él se establecen, con criterios de prudencia, las líneas estratégicas de su actividad como avalista durante los próximos cinco años, y se establece una senda de asunción de nuevos riesgos con límites tanto al volumen de nuevas operaciones como al riesgo vivo de la sociedad, ha indicado.

Asimismo, para asegurar el cumplimiento del plan de reestructuración, se han establecido por parte de la Generalitat mecanismos de control de la actividad de la SGR en dos niveles. Por una parte, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ejercerá las funciones de supervisión y control permanente sobre la entidad. Y, adicionalmente, se nombrará un supervisor externo (monitoring trustee), que, desde la independencia de un tercero, supervisará el cumplimiento del citado plan.

El supervisor externo deberá ser un profesional independiente, con los conocimientos y experiencia adecuados en el sector financiero, cuya designación deberá someterse a la aprobación del IVF.

Por último, se establece una limitación en cuanto a los riesgos cubiertos por garantías públicas de la Generalitat dentro del total de los riesgos avalados por la SGR. De este modo, en ningún momento de la operación, el total de los riesgos garantizados por la Generalitat podrán superar el 50 por ciento de los riesgos totales avalados por la SGR.

La consecución de esta reestructuración financiera va a permitir evitar un importante quebranto para la Generalitat, atendiendo a los riesgos reavalados que mantiene actualmente en la SGR, y a los que debería hacer frente en un escenario de liquidación de la sociedad.

Se evita también el perjuicio a la reputación de la Comunitat, y de las autoridades supervisoras de la sociedad, cosa que hubiera sucedido si se hubiera llegado a la liquidación de la que en su día fue la primera SGR por tamaño a nivel nacional.

La nueva situación de la SGR va a permitir retomar su actividad de avalista de forma paulatina y prudente, con el fin de consolidar un nuevo modelo de gestión, Recuperando de este modo un instrumento de financiación específico para pymes, que puede ser de gran utilidad en un entorno de recuperación del crédito y de la actividad productiva de la Comunitat.