VALENCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, exigió hoy al Gobierno central que establezca una moratoria para el cierre de las terrazas de los chiringuitos con el objetivo de iniciar un plazo que permita alcanzar una solución "negociada, equilibrada y justa para el sector y para la Comunitat Valenciana".
Castellano se pronunció en estos términos en una rueda de prensa, tras reunirse con la concejala de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal; la consellera de Turismo, Belén Juste; los concejales de Playas de Castellón y Alicante; y el presidente de la Federación Hostelera de Valencia (FEHV), Juan Carlos Gelabert.
El titular de Gobernación explicó que el pasado 14 de diciembre solicitó a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, una reunión para antes de fin de año con el fin de "conseguir una moratoria" en la aplicación de la Ley de Costas para los chiringuitos de la Comunitat.
No obstante, censuró que solamente ha obtenido "la callada por respuesta como es habitual por parte del Gobierno". Por ello, en la reunión de hoy han decidido reiterar la petición de un encuentro antes de que acabe el año.
Para el conseller, es necesario "poder hablar con tranquilidad" sobre este asunto y "no con la espada de Damocles encima de la mesa". Así, criticó que el cierre de las terrazas de los chiringuitos "no tiene ninguna justificación", con lo que, a su juicio, "lo sensato es hacer una moratoria para llegar a un acuerdo".
Asimismo, Castellano pidió que "todas las competencias para las autorizaciones de este tipo de locales se traspasen a la Generalitat", como ocurre en Andalucía. En este sentido, el Gobierno valenciano ha pedido la convocatoria de la Comisión mixta de transferencia para abordar esta cuestión.
El conseller garantizó que, en el ámbito de sus competencias, la Generalitat "seguirá dando la mayor cobertura jurídica en la defensa" de los chiringuitos, ya que consideró que son "una seña de identidad" de la Comunitat valenciana, además de dar "servicios de calidad dentro de las playas".
En este sentido, recordó que se ha aprobado un anexo en la Ley de Espectáculos para regular los locales de dominio público en la zona marítimo-terrestre, y también se establecen unos horarios "específicos" para los chiringuitos.
"SEGURIDAD JURÍDICA"
Castellano exigió "seguridad jurídica" para los dueños de los establecimientos playeros porque "no se pueden dar concesiones hasta 2014 y después cambiar las reglas del juego", censuró. Añadió que los chiringuitos tienen "una planificación económica y de negocio", que "no se puede cambiar por el capricho" del Gobierno central.
Así, el conseller lamentó "la constante política de improvisación y de ir a salto de mata" del Ejecutivo central que, a su juicio, "ha herido de muerte a los chiringuitos". Castellano se preguntó por qué si la Ley de Costas es de 1988 y no ha habido ningún cambio legislativo "lo que ahora estaba permitido, deja de estar autorizado".
Al respecto, recordó que las autorizaciones para instalar terrazas "se iban renovando sin problemas", y que se trata de una "excepción prevista" en el artículo 65 de la norma nacional, aunque, "de repente, hay cambios", censuró. Del mismo modo, el titular de Gobernación precisó que "muchos locales están fuera de las playas, incluso a veces, detrás del Paseo Marítimo".
Castellano mostró su "preocupación" por las declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, en relación a que no se habían presentado las autorizaciones para las terrazas de 2010. Así, reprochó que las peticiones están formuladas "desde el 10 de noviembre, como todos los años".
Por su parte, la consellera de Turisme exhibió las 12.000 firmas de apoyo a los chiringuitos que se han recogido en la provincia de Castellón. Además, lamentó que "no se puede iniciar una batalla a finales de 2009, cuando la Ley de Costas es de 1988", y añadió que "las negociaciones que se iniciaron en 2007 se vieron cortadas por cambios en la Dirección General de Costas".
Para Juste, estos espacios "no son sólo establecimientos, son un servicio unido a las playas y que complementan al turismo de sol y playa, fundamental para la Comunitat". Así, en este momento hay un total de 45 locales afectados, aunque a medio plazo, la decisión podría perjudicar a cerca de 500, si se tienen en cuenta los chiringuitos que se montan y desmontan.
Por su parte, Juan Carlos Gelabert se mostró "decepcionado" con la reunión que mantuvo ayer con el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, y consideró que sus declaraciones al tildar de "panfleto político" las peticiones de los hosteleros, fueron "desafortunadas".
"MAR DE DUDAS"
Para Gelabert, la hostelería es "un reflejo de lo que ocurre en la sociedad cada día" y en este caso, señaló que "hay una pérdida de confianza, una tristeza y una sensación de pesimismo ante situaciones como ésta". De este modo, apuntó que "cerca de 300 familias, en vez de pasar unas Navidades felices, están en un mar de dudas"
Asimismo, consideró que esta medida supone "hacer el ridículo más espantoso" porque "no hay nada fuera de la ley y sólo se quiere mantener el mismo 'status quo'" que se estableció en su día. "Estamos cargándonos nuestra forma de vida, nuestra forma de ser y nuestra alegría", lamentó Gelabert, al tiempo que agradeció el "gesto" de la Generalitat valenciana "independientemente de signos políticos", precisó.