Cortan una calle para protestar por una deuda del Consell con el depósito judicial de vehículos

ALICANTE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la empresa Servicios Integrales Vital han llevado a cabo este viernes una protesta frente al Palacio de Justicia de Alicante para reclamar a la Generalitat Valenciana el pago de una deuda de más de tres millones de euros por su actividad como depósito judicial de vehículos en la provincia, una acción que ha obligado a la Policía Local a cortar al tráfico una calle.

La empresa ha detenido en la vía pública un camión que transportaba diversos coches remolcados de los que prendían pancartas donde arremetían contra la Conselleria de Gobernación y Justicia y el presidente del Consell, Alberto Fabra, por sus supuestas promesas de pago incumplidas reiteradamente. "1.200 facturas sin cobrar guardadas en un cajón", rezaba una de ellas.

El gerente de la mercantil, Jorge Talavera, que ha gestionado durante más de una década el servicio de depósito de vehículos embargados por las fuerzas de seguridad en la provincia de Alicante por orden judicial, ha explicado a los medios que la situación por la que atraviesa su empresa "es insostenible", pues la Conselleria le adeuda una cantidad que no ha querido concretar pero que supera ampliamente los tres millones de euros.

"Ya no podemos más", ha afirmado un administrador de Servicios Integrales Vital. "Para como de la desfachatez nos han dicho desde la Dirección General de Justicia que las facturas están prescritas aunque lo que prestamos es un servicio continuado", ha añadido.

Según la empresa, la Generalitat le debe dinero por el almacenaje de vehículos intervenidos por orden judicial "hace diez años" y a pesar de ello no ha sido incluida en el plan de pago a proveedores establecido gracias a los fondos transferidos por el Gobierno central a las comunidades autónomas.

Servicios Integrales Vital ha venido prestando este servicio a la Conselleria de Gobernación y Justicia sin un concurso público, únicamente mediante una "relación de facto. En la actualidad, el Consell ha adjudicado el depósito judicial de Alicante a otra mercantil, decisión que ellos han impugnado.

"Han cambiado de empresa sin habernos liquidado la deuda a nosotros, que supera los tres millones de euros. Y no vamos a soltar los vehículos que tenemos almacenados, unos 300, hasta que no nos paguen", han advertido los abogados de la mercantil, Manuel Romero y Santiago Talavera.

En este sentido, han anunciado que acudirán a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo para reclamar el abono de la deuda. El depósito judicial no solo tiene en custodia turismos intervenidos por los jueces, sobre todo en operaciones contra el tráfico de estupefacientes, sino también embarcaciones y otras piezas de convicción (objetos señalados como prueba de un delito) como prendas de vestir.

El almacenaje de los vehículos debe ser compensado a la mercantil con el pago de una cuota diaria que ronda los 8 euros por unidad. No obstante, los empresarios del depósito se quejan de que muchos jueces están ordenando la devolución de coches sin coste alguno para sus propietarios y, como la Generalitat tampoco les paga, no cobran dinero alguno por el servicio.