VALENCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Corts rechazó hoy, con los votos en contra el PP, las enmiendas a la totalidad que el PSPV, Compromís y la Agrupación de No Adscritos han presentado a la Ley de Ciudadanía Corporativa elaborada por el Consell.
El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, explicó que se trata de una norma que "cubrirá el vacío legal existente" en España para "fomentar y reconocer a las empresas que asumen en sus propias estrategias un rol social y no únicamente económico". Asimismo, destacó el "consenso" alcanzado con sindicatos, empresarios y consumidores, entre otros, para la redacción del texto.
Según explicó, la Ley impulsará el "voluntariado corporativo" y el Consell otorgará una certificación a las compañías que destinen trabajadores a acciones sociales. Para ello, se creará un Consejo de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana para los interesados en esta práctica y que tendrá carácter consultivo y de apoyo al Consell.
En cuanto al 'Certificado de Ciudadanía Corporativa', la Generalitat lo concederá de forma pública a la empresa o profesional que realicen actividades en este sentido. Además, la ley cuenta con el respaldo de 80 entidades y 600 ONG.
La encargada de defender la enmienda del PSPV, la diputada Clara Tirado, criticó que se desarrolla "de cara a la galería" y supone "meramente publicidad y autobombo". Además, consideró que la Generalitat "no puede reconocer a una empresa por sus acciones denominándola ciudadana sin comprobar previamente que es socialmente sostenible".
En esta línea, se remitió al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial y pidió que apliquen este concepto de forma "seria y rigurosa" y retiren el de corporativo. También criticó que el texto "no impulsa la gestión responsable de acciones solidarias y la transparencia, ni un manual de buenas prácticas, ni fomenta el consumo responsable", algo que, sin embargo --dijo-- recoge una proposición de ley aprobada en el Congreso por el PP.
HABLAR DE TRANSPARENCIA
A su juicio, "no es lógico que la administración promueva una política de Responsabilidad Social Empresarial sin dar ejemplo" y aseguró que "el problema reside en el seno del Consell y del PP". Al respecto, Tirado se preguntó si "aquí se puede hablar de transparencia e información de los contratos de la Generalitat" y si "con el 'caso Gürtel' implicando la acción del Gobierno autonómico se puede hablar de transparencia y responsabilidad social" cuando "no podemos hablar probablemente ni de legalidad".
Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollá consideró que la ley "no tiene más que humo" puesto que dedica 17 de los 27 artículos a regular las certificaciones y a cómo se otorgarán las mismas. Además, dijo que "no es muy coherente" que se hable de voluntariedad de las empresas cuando la consecución del título está regulado por ley y, para ello, deben "concursar".
Asimismo, criticó que el Consell "deje que las empresas y los autónomos hagan lo que no hacen" desde la Generalitat, puesto que dijo no saber los beneficios de que las compañías apuesten por acciones sociales "si después los dependientes se encuentran con silencios administrativos". Mollá dudó de que el Gobierno valenciano "pueda dar ejemplo de ciudadanía, valores, voluntariado y democracia" cuando "ha estado implicado en un entramado corrupto donde hay regalos por favores, contratos a dedo".
La diputada de la Agrupación de No Adscritos Marina Albiol defendió su enmienda porque el contenido de la ley está "vacío de contenido". Además, apuntó que es una "hipocresía" porque, a su juicio, sirve para "regular cómo dar una medalla a determinados empresarios" y ofrecer "marketing solidario para limpiar la imagen de ciertas empresas ante sus consumidores".
Desde el PP, la diputada Herminia Palomar argumentó que si no se regulara la concesión de los certificados, la oposición habría afirmado que "se va a dar a dedo". En su intervención, defendió la oportunidad de esta norma y dijo que espera "llegar a acuerdos durante el trámite parlamentario".
