VALENCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
CSI·F ha interpuesto un requerimiento previo a la vía jurisdiccional con el fin de paralizar el traslado, durante esta semana, de un centenar de funcionarios públicos de la calle Colón de Valencia a la Ciudad Ros Casares.
El sindicato ha señalado en un comunicado que la administración "ha actuado de manera ilícita al no negociar las condiciones laborales de este tipo de traslados". Los funcionarios afectados tienen su ubicación en la calle Colón, 66 y pertenecen a las direcciones generales de Modernización y Patrimonio.
La central sindical ha explicado que esta semana alrededor de cien empleados públicos han de empezar a trabajar en unas oficinas habilitadas en el término municipal de Xirivella (Valencia) y la mudanza "está prácticamente concluida".
Además de estos trabajadores, están pendientes de traslado 210 funcionarios pertenecientes a la Agencia Valenciana de Turismo. CSI·F ha subrayado que ya presentó un escrito el pasado 2 de mayo en el que instaba a la administración a tener una reunión para debatir el cambio de ubicación.
En concreto, el sindicato aludía en el documento a que este traslado "debe legalmente estar sujeto a la aprobación de la Junta de Personal, según marca el Estatuto Básico del Empleado Público, por afectar a las condiciones de trabajo". En este caso, ha recalcado que el lugar de destino es Xirivella y no Valencia, "a pesar de que la totalidad de puestos objeto de traslado tiene la localidad de Valencia en su clasificación".
Ante el "silencio" de la Administración y la ejecución de la mudanza, el sindicato interpuso este martes "un requerimiento previo a la vía jurisdiccional contra la actuación material por vía de hecho de la Administración", dirigido al conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps.
El motivo, según consta en el escrito presentado, consiste en "el traslado forzoso del personal empleado público de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Modernización desde la calle Colón 66 de Valencia a la Ciudad Ros Casares en Xirivella".
La central sindical insta a la administración pública, en el requerimiento presentado, a que cumpla el Estatuto Básico y "suspenda el traslado como medida cautelar". De no suspenderlo, reclama que lo "negocie" y "minimice el impacto negativo en las condiciones de trabajo", entre otras medidas.
CSI·F ha insistido que en este traslado "no se ha tenido en cuenta el impacto en los ciudadanos, que habrán de desplazarse al polígono Vara de Quart para realizar los trámites pertinentes, ni en los empleados públicos, que desarrollarán su labor en unas dependencias con escaso espacio".