Mazón acusa a la Generalitat de "rendición política" y de avalar la primera subida, lo que "condicionará gravemente" la decisión del TS
ALICANTE, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Alicante interpondrá este martes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura. La institución provincial solicitará la suspensión cautelar del aumento del caudal de reserva, en su primer incremento a 7 metros cúbicos, ya que afirman que causará "daños irreparables e inmediatos sobre la economía, el tejido social y el medioambiente" de la provincia, mientras que ha acusado a la Generalitat Valenciana de "aceptar este primer recorte".
Así se ha expresado este lunes el presidente de la corporación provincial, Carlos Mazón, en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y por el director del Instituto Universitario del Agua y profesor de Derecho Administrativo, Andrés Molina.
Mazón ha tachado de "incalificable" la decisión del Gobierno en relación al trasvase Tajo-Segura, por lo que han decidido interponer el recurso contencioso administrativo, que va acompañado de "informes técnicos de expertos" de las consecuencias de la primera elevación de un metro cúbico por segundo --de 6 a 7 m3/s--.
"Estos informes técnicos y académicos revelan que el primer hachazo al trasvase provoca ya un efecto bomba de racimo, con la reducción, como mínimo, de 28 hectómetros cúbicos de agua disponible, una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros para nuestra tierra y la destrucción inevitable de 2.400 puestos de trabajo en todos los sectores, la deslocalización de empresas y la pérdida de mercados", ha denunciado Mazón.
En este sentido, ha apuntado que los "daños ocasionados por el recorte" no se podrán compensar con subvenciones anunciadas por el Gobierno, como el aumento de infraestructuras y de desaladoras, pues ha apuntado que esto "conlleva años de tramitación administrativa y ya será tarde".
En la misma línea, ha señalado que el Plan del Tajo provocará la "destrucción de suelos, el avance de la desertificación, la pérdida de masa arbórea y la disminución de los caudales circulantes en el río Segura". "Son consecuencias inevitables de no proponer medidas cautelares y de la decisión del Gobierno socialista", ha criticado.
Asimismo, entre los argumentos de los servicios jurídicos de la Diputación para pedir la suspensión cautelar, se incluye la "falta de justificación técnica que avale la decisión de aumentar los caudales".
"No se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica que pruebe que el incremento de 1m3 por segundo en el tramo de Bolarque hasta la confluencia con el Jarama, ni los siguientes incrementos, vayan a suponer la más mínima mejora sobre la calidad del agua o del medioambiente de la cuenca cedente, mientras que los perjuicios en la cuenca del Segura serán extremadamente graves", ha aseverado Mazón.
Igualmente, el recurso de la corporación provincial también habla del "coste energético y medioambiental" de sustituir el agua del trasvase por agua desalada. "Se traducirá también en un aumento de las tarifas del agua, no solo para riego, también para el abastecimiento urbano", ha advertido, al tiempo que ha apuntado que el agua desalada tiene un "alto contenido en boro y su generación provoca más emisión de CO2 a la atmósfera".
Entre los documentos que presentarán, Mazón ha detallado que incluirán el informe hidrológico, de Francisco Flores Montoya, exdirector de planificación del anterior Plan Hidrológico del Tajo, un informe económico del director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, y de Alberto Villar (Universidad de Alcalá de Henares) y un informe medioambiental de Jorge Navarro, de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Asimismo, ha añadido que han seguido los criterios de la comisión mixta de Murcia y Alicante.
"NO TIENE SENTIDO" LA CAUTELAR PEDIDA POR EL CONSELL
Mazón también ha criticado el "rechazo" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a coordinar conjuntamente la defensa jurídica del trasvase, algo que sí ha hecho la corporación provincial con Murcia y Almería, según ha destacado.
"Va a condicionar grave y negativamente la decisión del Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar, porque la Generalitat avala con su recurso la primera subida del caudal y solo solicita la suspensión para el incremento que debe entrar en vigor en 2026", ha subrayado, algo que considera que "no tiene sentido".
A este respecto, ha considerado que el "único sentido" de la medida cautelar es "evitar el primer daño, inmediato y muy grave", no para algo que ocurrirá dentro de tres años, lo que ha tachado de "un engaño jurídico y una rendición política".
"IRRESPONSABILIDAD Y LÍO DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA"
"Desde el punto de vista del Supremo, recibir de una misma comunidad, que se supone que defiende la misma tierra, una solicitud de una administración que sí está en contra del primer hachazo y de otra administración claudicando al hachazo es una irresponsabilidad por parte de la Generalitat y un lío de interpretación jurídica de primera magnitud", ha sostenido.
En este sentido también se ha pronunciado el profesor Andrés Molina, quien ha indicado que, en la práctica procesal, "una vez se resuelve una cautelar en un sentido desestimatorio es muy difícil que el tribunal en los recursos sucesivos estime la suspensión".
"Al haber enfocado la Generalitat de manera parcial la cautelar y, además, por la información que tenemos, no de una forma suficientemente fundada en dictámenes e informes técnicos, eso pueda prejuzgar, si se desestimara, al resto de medidas cautelares solicitada por otros demandantes", ha expresado el profesor, quien ha estimado que recibirán respuesta del alto tribunal en uno o dos meses.
"UN ENGAÑO MÁS EN EL TEATRILLO DE PUIG"
El presidente de la Diputación también ha censurado que en el recurso de la Generalitat "se avale el aumento del caudal de reserva a 7m3, cuando los informes demuestran que los daños son irreparables con esta primera subida".
"Esto supone una rendición a plazos de Puig y de la Generalitat, un engaño más en este teatrillo que ha montado con sus compañeros del PSOE y que puede llevar a una resolución del Supremo, desgraciadamente, contraria a los intereses de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana", ha argumentado.
Así, Mazón ha acusado a la Generalitat de decir "una mentira tras otra". Por ello, ha afeado a la Generalitat, a Puig, a Compromís y a la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, que la provincia de Alicante "quede en la más absoluta indefensión". "Pero aquí está la Diputación para defender a esta provincia como se merece", ha zanjado.
