Entidades exigen al Gobierno que ordene a Extrajería que exima del padrón en la regularización a víctimas de dana

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sociales defensoras de los derechos de las personas migrantes exigimos al Gobierno español que de manera "urgente" dicte una instrucción a la Oficina de Extranjería de València para que se exima del requisito del empadronamiento a las víctimas de la dana con el objeto de que puedan acogerse al proceso de regularización, que acaba el próximo 14 de mayo, según ha informado València Acull en un comunicado.

Al respecto, señala que desde que el pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó esta medida extraordinaria, las entidades y colectivos de personas racializadas han solicitado "reiteradamente" que se admita la presentación de documentación alternativa al padrón que pruebe la residencia efectiva en alguno de los municipios afectados por la dana con anterioridad al 4 de noviembre.

Sin embargo, la Oficina de Extranjería "ha insistido recientemente en que para resolver las solicitudes se debe estar empadronado/a actualmente en un municipio de la provincia de València", según las mismas fuentes.

En ese sentido, advierten de que "si no se exime de este requisito, miles de vecinos y vecinas, aproximadamente 14.000, que disponen de pruebas de que residían en las zonas afectadas antes del 4 de noviembre, como tarjeta sanitaria, certificados de escolarización, recibos de suministros o informes de servicios sociales, quedarán condenados y condenadas a permanecer en situación administrativa irregular".

Así, han recalcado que "a pesar de que es una obligación de los municipios empadronar a sus habitantes, las dificultades para acceder al empadronamiento son numerosas y, en ocasiones, insalvables para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran las que no disponen de permisos de residencia y trabajo".

En ese sentido, han explicado que "los ayuntamientos deberían empadronarlas en centros municipales como casos especiales, tal como establece la normativa del padrón; sin embargo, muchos municipios no contemplan esta modalidad y otros se demoran hasta un año en conceder el empadronamiento especial, hecho que hemos constatado y venimos denunciando desde las organizaciones".

Al respecto, han advertido de que "no disponer de empadronamiento conlleva no tener acceso a derechos y servicios sociales básicos, y ahora, además, supone no acceder a regularizar la situación administrativa de estos vecinos y vecinas para que puedan seguir viendo en condiciones dignas en sus municipios".

Las organizaciones han señalado, que según una respuesta de la Oficina de Extranjería de València del pasado lunes, 7 de abril, es "peor el remedio que la enfermedad" porque "se ha pasado de exigir el empadronamiento a reclamar empadronamiento y certificado de residencia efectiva".

Así, han señalado que ahora las personas solicitantes de la regularización "se deben enfrentar a numerosos obstáculos para conseguir el certificado del ayuntamiento y, además, un certificado de empadronamiento de algún municipio valenciano".

PETICIONES

Por todo ello, han pedido al Gobierno que se dicten las instrucciones "precisas" para que todos los ayuntamientos de las zonas afectadas por la dana dispongan del modelo normalizado de informe de residencia efectiva y que se inste a las autoridades municipales a emitir estos informes teniendo en cuenta las pruebas de vecindad en el municipio que aporten las personas solicitantes de la regularización, más allá de si fueron usuarias o no de los recursos municipales.

Además, que se ordene a la Oficina de Extranjería de València que exima de la presentación del certificado de empadronamiento a quienes presenten los certificados de residencia efectiva o, en caso de que el ayuntamiento se niegue a emitirlo, aporten otra documentación que demuestre que residían en el municipio antes del 4 de noviembre.

Asimismo, han reclamado que se prorrogue el plazo para poder presentar las solicitudes dado los problemas burocráticos existentes en diversos países de origen para obtener la acreditación de carecer de antecedentes penales. Por último, han exigido que se inste a los ayuntamientos a facilitar el acceso al empadronamiento de sus vecinos y vecinas, incluida la modalidad de casos especiales de empadronamiento, tal como contempla la normativa vigente.