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ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha asegurado que un total de 336.409 viviendas y locales de la ciudad "se beneficiarán de la rebaja del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en el próximo recibo con la nueva ordenanza, que contempla una bajada de 1.100.000 euros".
El ejecutivo del PP de Luis Barcala busca así "contener el esfuerzo fiscal de las familias alicantinas de cara a 2026 con esta medida", tras el acuerdo alcanzado con Vox, que está en la oposición. Este hecho "se suma a la rebaja del cinco por ciento en este impuesto aplicado en 2019", según ha informado el consistorio en un comunicado.
De esta manera, la nueva ordenanza establece en 0,61985 por cien el tipo de gravamen para bienes urbanos, cuando el tipo anterior era de 0,62042, lo que supone una bajada del 1,20%. La medida ha sido aprobada por la junta de gobierno local y deberá pasar por la Comisión de Hacienda, abrir un periodo de exposición pública y ser finalmente ratificada por el pleno.
Así, la ordenanza prevé distintos tipos de bonificaciones, como la que se aplica a las viviendas de protección oficial con una bonificación del 50%, la de familias numerosas que puede alcanzar hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos y la aplicable para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, que alcanzan el 50%.
También contempla bonificaciones a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.
El pago del IBI se establece del 15 de marzo al 30 de junio de cada año y los interesados se pueden acoger al fraccionamiento en el pago que se puede extender en hasta seis plazos.
ENMIENDAS DE EU-PODEM
Por su parte, el grupo municipal de EU-Podem ha registrado una batería de enmiendas a la modificación de la ordenanza fiscal del IBI con el objetivo de que "deje de ser un privilegio para grandes patrimonios y se convierta en una herramienta útil para garantizar el derecho a la vivienda en Alicante".
Entre las medidas planteadas se incluyen recargos progresivos a pisos vacíos de "grandes tenedores", que podrán alcanzar hasta el 100% a partir del tercer año de desocupación y bonificaciones del 90% a propietarios que destinen sus viviendas a programas de alquiler asequible de larga duración y del 95% a quienes cedan temporalmente viviendas vacías al consistorio o a la Generalitat para destinarlas a emergencias habitacionales.
También se recoge la ampliación de las bonificaciones a las viviendas de protección oficial (VPO) "durante toda su vida útil y no solo en los tres primeros años" y la creación de un fondo municipal específico con los ingresos procedentes de los recargos a viviendas vacías, que "se destinará a alquiler social, rehabilitación energética y ayudas al pago del alquiler", según ha informado EU-Podem en un comunicado.
Además, el paquete de enmiendas de la coalición representada por Manolo Copé incluye la progresividad en lugar de la tasa lineal común, ya que "la rebaja lineal del IBI" planteada por el ejecutivo local "beneficia a los inmuebles de mayor valor".
Con esta medida, EU-Podem propone "un sistema progresivo según el valor catastral para que las familias con menos recursos sean las principales beneficiadas y el impuesto cumpla con los principios de equidad y justicia social".
Asimismo, el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha resaltado que "frente a la bajada generalizada que propone el PP, que beneficia sobre todo a las grandes propiedades, EU-Podem plantea un IBI social, progresivo y verde que premie a quienes ponen sus viviendas en uso y penalice la especulación".
"DERECHO A LA VIVIENDA"
En la misma línea, ha subrayado que "el derecho a la vivienda debe estar por encima del negocio de unos pocos" y, por ello, "se propone un IBI que proteja a las familias vulnerables, incentive el alquiler asequible y penalice a quienes mantienen viviendas cerradas mientras miles de jóvenes y familias no pueden acceder a una casa en condiciones".
Igualmente, EU-Podem ha alertado de que "la propuesta del PP supone una pérdida de más de un millón de euros en ingresos públicos que podrían destinarse a vivienda social".