Hacienda dice que el modelo de financiación "no cumple ninguno de sus objetivos" y pide uno "más sencillo y claro"

GVA

VALENCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Desde la Conselleria de Hacienda afirman que el actual modelo de financiación "no cumple ninguno de sus objetivos", recogidos en la Ley 22/2009, y "no ha permitido la mejora del reparto entre comunidades autónomas". En este sentido, el conseller Juan Carlos Moragues reclama un nuevo sistema "más sencillo, transparente, claro y entendible", frente al "actual, que es todo lo contrario, farragoso, opaco, ineficiente y difícil de entender".

Así lo ha señalado en la presentación en rueda de prensa del informe de la Comunitat Valenciana sobre el análisis del sistema actual de financiación de las comunidades autónomas, junto al secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, y el director general de Tributos, Vicent Peiró.

Peiró ha detallado el incumplimiento de los objetivos fijados para el anterior modelo, en materia de refuerzo de prestaciones del Estado de Bienestar, incremento de equidad, suficiencia en la financiación de competencias, aumento de autonomía y corresponsabilidad fiscal y mejora de la dinámica y estabilidad del sistema.

En concreto, sobre la corresponsabilidad fiscal, ha indicado que "no puede haber corresponsabilidad fiscal mientras no exista financiación homogénea entre todas las comunidades autónomas".

"TODAS LAS CCAA ESTÁN DE ACUERDO EN QUE ES MALO"

Moragues ha remarcado que "todas las comunidades autónomas están de acuerdo en que el actual modelo es malo, injusto, discriminatorio, insuficiente, complejo, opaco y retorcido" de modo que, a su juicio, "se ve claramente la necesidad de cambiar el actual modelo".

"Si es malo, hay que cambiarlo", reivindica el conseller, quien defiende que el nuevo sistema se base en la ruptura del statu quo, utilice la población como criterio de reparto de fondos --a lo que agrega que están de acuerdo en contemplar envejecimiento y edad escolar--, financie a personas y no a territorios --por lo que rechaza la ordinalidad que pide Cataluña--, sea retroactivo a 1 de enero de 2014 --o en caso contrario incluya mecanismos de compensación-- y, sobre todo, "garantice la prestación de servicios en igualdad de condiciones independientemente de donde viva, como sucede con las pensiones o la prestación por desempleo".

Al respecto, incide en la "injusticia" de las "diferencias inexplicables e injustificables" de hasta 900 euros en financiación per cápita del modelo actual y mantiene que la dispersión geográfica y los criterios que defienden otras autonomías "en ningún caso justifican diferencias de 900 euros per cápita entre las comunidades autónomas de régimen común" y, en caso de querer que se tengan en cuenta, "se tienen que probar, justificar y evaluar su coste".

Además, Moragues ha aludido a "estudios o informes de alguna comunidad donde se mezclan conceptos como balanzas fiscales, solidaridad interterritorial, inversiones del Estado y sistema de financiación", para después recalcar que "no se pueden mezclar".

Al respecto, expone que "el sistema de financiación ya tiene una solidaridad porque pretende financiar servicios en igualdad de condiciones independientemente de donde se resida" y que "otra cosa es la solidaridad interterritorial, que no se tiene que hacer efectiva a través del sistema de financiación", sino de "otras opciones" como inversiones del Estado o fondos europeos.

"DAR SERVICIO DE CALIDAD AL MENOR COSTE POSIBLE"

A su juicio, el nuevo modelo de financiación tiene que ocuparse asimismo de la eficiencia en la prestación de servicios, al considerar que las autonomías deben "dar servicio de calidad al menor coste posible, pero recibir lo suficiente para prestar en igualdad de condiciones entre comunidades autónomas".

Frente a los distintos fondos existentes dentro del actual sistema, se ha mostrado partidario de que en caso "de existir un fondo, que simplemente haya uno y sirva de nivelación entre todas las comunidades autónomas y garantice que se preste el servicio en igualdad de condiciones en toda España".

Del informe de la Comunitat, subraya que "logra demostrar que, en la práctica, la ley no consigue alcanzar ninguno de los objetivos". Respecto al refuerzo de prestaciones del Estado de Bienestar, indica que recoge "datos objetivos y contrastados" como que, "entre 2009 y 2011, el gasto de las comunidades autónomas en servicios públicos fundamentales ha disminuido en un 18 por ciento en términos reales", y que la Comunitat está "muy por debajo de la media" en la relación entre lo destinado a estas materias e ingresos derivados del modelo.

"LAS DESIGUALDADES SON CADA VEZ MAYORES"

En cuanto al aumento de equidad, mantiene que consigue "todo lo contrario: las desigualdades entre comunidades son cada vez mayores", al aumentar de 25 a 30 puntos porcentuales la distancia entre las mejor y peor financiadas, lo que "genera grandes injusticias".

Moragues ha expuesto, en este punto, una tabla con las entregas a cuenta y la liquidación del modelo en 2014 que sitúa a la Comunitat como la autonomía peor financiada, con 1.665,87 euros per cápita.

Del objetivo de suficiencia en la financiación de competencias, Moragues destaca que "los recursos del modelo no cubren los gastos que suponen los servicios públicos fundamentales y de media sólo alcanzan el 86 por ciento" y, en cuanto al aumento de la autonomía y corresponsabilidad fiscal, ha indicado que "en la práctica no se da".

Según el informe, entre 2007 y 2011, los ingresos por tributos no sujetos a liquidación han pasado de 21.106 a 9.063 millones a nivel estatal, lo que "supone una disminución del 57,06 por ciento, que alcanza el 62,24 por ciento en el caso de la Comunitat Valenciana".

También ha incidido en el incumplimiento del objetivo de mejora dinámica y estabilidad del sistema, con diferentes fondos destinados a corregir desequilibrios que, "en la práctica, distorsionan y hacen retorcido el sistema" además de no cumplir su objetivo.