VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Intersindical Valenciana ha valorado este sábado que la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya desestimado la medida cautelar solicitada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) de suspensión del Decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, el valenciano y el castellano, en la administración de la Generalitat.
Este sindicato, que está personado en el proceso abierto a partir del citado recurso por considerar que "el decreto se ajusta a la legalidad vigente", ha indicado en un comunicado, tras conocerse la decisión del TSJCV, que en su momento valoró la publicación por parte del Consell el decreto mencionado.
Intersindical Valenciana ha considerado que este decreto es "un instrumento bien necesario vista la situación social del valenciano" y teniendo en cuenta "los usos que de esta lengua se hacen en administración de la Generalitat valenciana". El sindicato ha resaltado que la reciente encuesta publicada por la Generalitat confirma que el uso del castellano es mayor que el del valenciano, a la vez que ha censurado que "desde los sectores más reaccionarios de la sociedad se esté intentando obstaculizar cualquier mínimo avance en el uso y conocimiento del valenciano".
Asimismo, ha comentado, como recoge el auto del TSJCV, que no había "ningún motivo que justificara la paralización" del decreto. Del mismo modo, ha rechazado "la falaz argumentación de que las lenguas oficiales están suficientemente amparadas por la legislación actual y que entonces no hace falta el decreto".
Intersindical ha resaltado, frente a estos argumentos, el "mínimo" uso del valenciano en la administración de la Generalitat valenciana, al tiempo que ha afirmado que "los derechos lingüísticos de los valencianohablantes no están garantizados" y ha dicho que el decreto es "un mandato pendiente de desarrollar desde la publicación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià en 1983".
Por otro lado, ha argumentado, como también expone el auto del TSJCV, que no cabía medida cautelar de suspensión hacia el decreto porque "no entra en vigor hasta los seis meses de la publicación en el DOGV, es decir, el 25 de noviembre de 2017".
