VALENCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas ha valorado este miércoles como una "victoria agridulce" la aprobación de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para su debate en el Congreso de los Diputados, después de cuatro años "denunciando el genocidio financiero" que lanza a las personas a la calle. Pero ahora queda la parte "más compleja", advierten: que se apruebe en su "totalidad". Es una propuesta "de mínimos" y no se conformarán con menos.
Así lo han asegurado este miércoles en rueda de prensa tres de los portavoces de la PAH-Valencia, Rosana Montalbán, Yolanda Prats y Miguel Pérez, que han subrayado el cambio de posición del Gobierno del PP que finalmente dio luz verde "en el último suspiro" a la tramitación de la ILP, "gracias a la presión popular" pero también "lamentablemente" por la "alarma social" que están generando los suicidios ante ejecuciones hipotecarias, el último, el de una pareja de Mallorca, en la misma tarde de ayer.
Montalbán ha querido censurar también el "ataque a la democracia" que a su entender supuso, la expulsión de algunos miembros de la PAH del Congreso, "un espacio que consideramos del pueblo", durante la votación de la tramitación de la ILP, cuando ésta es una plataforma que "ayuda a la democracia con mayúsculas" y "a que la gente encuentre esperanza".
Más de 1,4 millones de personas, el triple de lo que se requiere para llevar una Iniciativa Legislativa Popular a debate en el Congreso, han firmado a favor de esta propuesta. Con esta suma de apoyos, su tramitación "es lo mínimo que se podía esperar", ha señalado por su parte Prats.
La segunda fase viene ahora y la PAH "no va a quitar el pie del acelerador", llegará "donde haga falta" para que se apruebe en su "totalidad". Sus tres ejes principales son "innegociables": la paralización de los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo y el alquiler social.
En este sentido ha resaltado la importancia de la retroactividad para abarcar las "420.000 ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo desde 2007" que "no es cierto que vayan a hundir a la banca ni poner en peligro la defensa jurídica, es una cuestión de voluntad política", ha argumentado. En la Comunitat Valenciana la cifra de desahucios se ha "multiplicado por tres en 2012" hasta alcanzar los "92 desahucios al día" entre primeras y segundas viviendas y bajos comerciales.
En este punto, la portavoz de la plataforma ha apelado al poder judicial para conocer los datos "desagregados" de lo que son primeras y segundas viviendas y poder aplicar estas medidas en las viviendas habituales. Por el momento "no hay manera" de conocer estos datos, ha lamentado.
Prats ha destacado también la existencia de 6 millones de viviendas en España, "muchas vacías" que han pasado a ser propiedad de los bancos y que la PAH reclama que se destinen a alquiler social. En el caso de Valencia, hay unas 60.000 viviendas vacías, y la Comunitat es una de las CCAA que más tiene en esta situación, pues es una de las regiones en las que más se desarrolló la construcción en su momento, ha explicado.
LOS BANCOS "SIGUEN ENGAÑANDO, LA ESTAFA CONTINUA"
De lo contrario, "iremos a por las viviendas vacías" propiedad de las entidades financieras "para equilibrar la balanza", ha advertido. Desde la PAH, han asegurado que pese a la campaña que se llevó a cabo recientemente de acudir a los bancos para que les reconocieran como interlocutor válido y negociar los desahucios en bloque "no es cierto que haya una sola entidad bancaria que haya decidido paralizar las ejecuciones hipotecarias".
"Es más, --añaden--, siguen engañando a la gente, la estafa continua sin escrúpulos". "Les dicen que firmen la dación en pago y luego les quitan la casa y la deuda es la misma".
Ante esta situación, Miguel Pérez ha animado a acudir una manifestación "masiva el próximo sábado 16 de febrero a las 18.00 horas "en la Plaza del 15M, antes Plaza del Ayuntamiento" de Valencia "todos a la calle al grito de basta ya, queremos cambios en la ley hipotecaria, cambios en el artículo 47 de la Constitución Española y contra el genocidio financiero". "Sí se puede", ha concluido.