Presidente Audiencia Castellón: "O colocamos expendedoras de órdenes de protección o dejamos que profesionales decidan"

CASTELLÓN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, ha asegurado este jueves que, o se colocan "máquinas expendedoras de órdenes de protección, de autos de prisión", o se deja que "profesionales decidan asumiendo responsabilidades y riesgos de equivocación".

Marco se ha pronunciado así ante los medios tras ser preguntado por cómo valora que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer denegara la petición de que se acordara una orden de protección para la mujer cuyo marido supuestamente mató a sus hijas y posteriormente se quitó la vida, así como para las menores.

El presidente de la Audiencia ha pedido que "cada uno cargue con la parte que le corresponde, es decir, dos jueces denegaron medidas de protección, la primera con el apoyo del fiscal, la segunda contra el criterio del fiscal, que, dictado el auto, cambió de opinión y estuvo de acuerdo con la juez".

Marco, que considera que no debe valorar el contenido de las resoluciones judiciales, ha recordado que se deniegan muchas órdenes de protección y "otras muchísimas se conceden". "No me cabe ninguna duda de la profesionalidad de la jueza de violencia de género, y su opinión contó con el beneplácito del ministerio fiscal en dos ocasiones", ha dicho.

Al respecto, ha apuntado que "está claro que quien decide es el juez", pero que cuando el juez necesita conocer elementos ajenos a la ciencia jurídica pide informes y una unidad especializada de la Policía efectúa una valoración del "riesgo bajo". "No creo que yo deba valorar si el protocolo es ajustado o no, pero lo que nadie tiene es una bolita mágica, y a veces es fácil a posteriori criticar, censurar y decir que algo ha fallado", ha añadido.

Y ha manifestado: "O colocamos máquinas expendedoras de órdenes de protección, de autos de prisión, o dejamos que profesionales decidan asumiendo responsabilidades y riesgos de equivocación".

Marco considera que "evidentemente, cuando alguien muere, algo falla, pero en todos los casos", y ha insistido en que el ministerio fiscal dio su opinión cuatro veces "y en tres de ellas estuvo de acuerdo con la denegación o se opuso a la protección, y la víctima desistió del recurso de apelación".

El presidente de la Audiencia, que cree que el juzgado de violencia de género necesita más recursos "porque es un juzgado permanentemente de guardia, en el que todo es urgente", ha señalado que, en este caso, "no fue por falta de recursos, ya que se hizo todo en el mismo día".

"No es fácil ser juez, y si la ley dice que en todos los casos, por una simple denuncia, sin ninguna valoración, automáticamente se dicte una orden de protección, los jueces lo tendrán que hacer, pero mientras se deje a su valoración es su responsabilildad", ha destacado. Al respecto, ha aclarado que "si en todos los casos se dictasen órdenes de alejamiento, probablemente se produciría sufrimiento a otras personas que no se lo merecen".

"NO HAY RIESGO CERO"

"Nunca hay riesgo cero y, evidentemente si se ha producido un hecho tan lamentable, algo no ha ido bien, pero yo no sabría decir qué", ha indicado Marco, quien ha subrayado que se debería de huir de "ensañarse" con el juez. "Claro que decidió él, pero veamos el entorno y el comportamiento de todos los demás", ha dicho.

Marco ha recordado que cuando ocurrió el suceso no había ningún procedimiento penal abierto, "ya que murió en mayo porque todos pidieron el sobreseimiento", y cree que "esto debería valorarse, ya que facultades premonitorias no todo el mundo tiene y bolita mágica tampoco".

En esta línea, ha explicado que él se responsabiliza de todas las sentencias que firma "y seguro que no en todas acertaré", pero --ha apuntado-- "sería bueno que cada uno asumiera su cuota de responsabilidad". El presidente de la Audiencia ha negado enfrentamiento con el fiscal jefe, del que ha dicho que es un "gran profesional", al que tiene "aprecio personal".

Finalmente, ha expuesto algunos hechos "objetivos" del caso, cuyo marco, según ha manifestado, son unas desavenencias de carácter familiar que, en principio, "no parecen tener grandes peculiaridades, al revés, parecen desenvolverse en un ámbito pacífico", con un procedimiento civil de separación "ejemplar".

Así, ha recordado que la mujer presentó una demanda de divorcio en noviembre de 2017 y pidió un régimen de visitas tan "amplio" que cuando el marido contestó a la demanda pidió otro exactamente igual al que pidió ella y la custodia compartida, al considerar dicho régimen como tal. Además, ha destacado que el fiscal demandó la custodia compartida, aunque un auto judicial de medidas provisionales determinó que era un régimen de visitas muy amplio, "pero como las niñas estarían más tiempo con la madre, no se puede llamar custodia compartida".

El presidente de la Audiencia, que ha desvelado que se embargó una cuenta al hombre por el impago de 1.200 euros de algunas pensiones, ha recordado que en enero de este año llegó al juzgado de violencia un parte médico en el que se detecta que la mujer padece síntomas de ansiedad. "Pensando que puede tener origen en violencia, se remite el parte a dicho juzgado, el cual abre diligencias y pide informe a la Policía, que informa diciendo que la mujer no quiere denunciar", ha aclarado.

El 24 de febrero, según ha señalado Marco, la mujer formuló una denuncia por una conversación con su marido "muy desagradable, salpicada de amenazas a ella y a las niñas", que tuvo lugar en una cafetería en relación a la concreción del régimen de visitas. La Policía valoró riesgo "bajo" en ese momento. En el juzgado de guardia se celebró una vistilla y el abogado de la mujer pidió la suspensión del régimen de visitas, "donde el ministerio fiscal se opuso y la juez de guardia denegó".

Ha recordado que posteriormente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer tuvo lugar la comparecencia sobre la orden de protección que se pedía, donde el fiscal pidió alejamiento a 250 metros. El 27 de febrero se dictó un auto denegando la orden de protección, que fue recurrido por la denunciante en dos ocasiones, recurso "al que se opone el fiscal". El 26 de mayo la denunciante desistió del recurso y, a partir de aquí la Audiencia Provincial archivó el asunto.