VALENCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, afirma en la Memoria de este órgano del pasado año que ni los juzgados de proximidad ni los Consejos Autonómicos de Justicia, tal y como se recogen en el proyecto de reforma de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ven como necesarios para conseguir una mejora en la gestión de esta administración.
En este sentido, señala que con los primeros "se va a producir una sensación de discriminación o desigualdad" en los ciudadanos, mientras que con los segundos cree que se pretende una "politización mayor de la Justicia". Al respecto, afirmó que no tiene sentido "el que se pueda dar una nueva estructura que carece de utilidad". No obstante, considera una "cuestión distinta" el consejo diseñado por el recientemente aprobado Estatuto de autonomía valenciano.
En relación con los juzgados de proximidad, De la Rúa señaló, durante la rueda de prensa de presentación del balance judicial del pasado año, que se pregunta desde "el pragmatismo, desde alguien que quiere que la Justicia marche y que está preocupado por que los ciudadanos se sientan satisfechos", el número de juzgados que serían necesarios sólo en Valencia para que puedan resolverse los asuntos con la rapidez que se pretende conseguir.
Por ello, y a la vista de los asuntos que tramitan los juzgados de la capital en reclamaciones de cuantía inferiores a 3.000 euros, de los desahucios y de los juicios de faltas, se preguntó "cuántos juzgados tendríamos que crear en Valencia, uno o 30". "Si hay que crear 30, que no será sencillo, ¿por qué no me los dan como 30 juzgados en Valencia y ponemos al día no sólo ésos si no todos?", se preguntó, y apeló a la necesidad de "ser racionales".
En relación con los Consejos Autonómicos de Justicia, afirmó que tampoco es partidario. En su opinión, la supresión de las Salas de Gobierno "no tiene ningún sentido" ya que "si hay algún órgano al que generalmente se le reconoce que funciona bastante bien, es precisamente éste".
Por este motivo, añadió que se pregunta "por qué esa complejidad" y las razones por las que "tienen que venir una serie de señores que, además, según el proyecto, no tienen que estar relacionados directamente con la Justicia". De la Rúa consideró que lo que se pretende con esta iniciativa es introducir en estos órganos "una politización todavía mayor de la Justicia".
"¿Es que los jueces no tenemos capacidad para gobernarnos?", se preguntó. En este sentido, manifestó que el consejo autonómico previsto en el Estatuto de autonomía es una "cuestión distinta" porque hace referencia a un órgano específico en relación con las funciones que tiene transferidas la Generalitat Valenciana en materia de Justicia.
"No me parece mal que el Gobierno valenciano tuviera ese Consejo", dijo, para expresar, por ejemplo, que con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, le corresponde a la Generalitat el diseño de la Oficina Judicial "respetando los mínimos que se establezcan por el ministerio de Justicia" o que mostrara su interés en "conocer la opinión de los jueces, abogados, procuradores y trabajadores sociales sobre cómo se tiene que configurar o ver la opinión de todos los colectivos que intervienen en Justicia para establecer una demarcación de ley y planta".
No obstante, subrayó, "de ahí a que las salas de gobierno desaparezcan y que se nos conviertan en unos Consejos Autonómicos de Justicia" con competencias para hacer propuestas al CGPJ sobre el presidente del TSJCV o elaborar informes "genéricos", "no tiene sentido ninguno".
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