Sindicatos acusan al Consell de "caza de brujas" a docentes al hacer que Inspección controle la "neutralidad ideológica"

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes STEPV, CCOO PV y UGT-PV denuncian que la Conselleria de Educación ha puesto en marcha una "caza de brujas" contra el profesorado de la Comunitat Valenciana al haber incluido como novedad en el cuerpo de la Inspección educativa que a partir de ahora deberá "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos" y evitar "cualquier tipo de adoctrinamiento".

Esto se incluye en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, publicada el pasado lunes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). En concreto, se añade un nuevo punto al Decreto 80/2017 del Consell, que regula la Inspección educativa, para añadir nuevas funciones a este cuerpos.

Entre ellas, deberán "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento, garantizando el respeto al pluralismo y la libertad de conciencia del alumnado y de sus familias, así como sus derechos derivados de la libertad lingüística".

El Consell también ha añadido un nuevo artículo al decreto de 2017 para establecer que Educación habilitará canales de comunicación para que los miembros de la comunidad educativa puedan poner en conocimiento de la administración "hechos que puedan afectar el cumplimiento de la normativa, derechos del alumnado o adecuado funcionamiento de los centros docentes". Inspección las valorará en un plazo de diez días para decidir actuaciones.

En caso de que se constaten "indicios razonables de posibles incumplimientos normativos de especial relevancia o situaciones que puedan afectar la seguridad, el bienestar o los derechos fundamentales del alumnado", Inspección podrá iniciar "actuaciones prioritarias, incluyendo visitas al centro, entrevistas o cuantas resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

Todas estas actuaciones, según los cambios introducidos en la ley, "se desarrollarán conforme a los principios de objetividad, proporcionalidad, contradicción, confidencialidad, presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación y mínima interferencia en el normal funcionamiento del centro docente".

Además, se establece que si se aprecian "circunstancias que puedan ocasionar un perjuicio grave e inmediato para el alumnado o para el correcto funcionamiento del servicio público educativo", Inspección podrá proponer a los órganos competentes "medidas provisionales que correspondan conforme a la legislación aplicable", previa audiencia de los afectados.

"PERSECUCIÓN Y CENSURA"

Tras conocer estos cambios, STEPV denunció este jueves que "empieza la caza de brujas en la educación", al considerar que el Consell quiere que la Inspección "se dedique a perseguir al profesorado" por creer que es "sospechoso de adoctrinar al alumnado". A su juicio, se intenta que este cuerpo esté "dedicado a la persecución y censura al profesorado".

En un comunicado, STEPV asegura que este artículo "vulnera las leyes básicas de libertad de cátedra, de protección de la infancia, los derechos lingüísticos y pervierte claramente el espíritu de lo que tiene que ser la Inspección educativa: un cuerpo para asesorar y ayudar a los equipos directivos, al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa, no un cuerpo represor y censor, como pretende el gobierno valenciano y el PP y Vox".

Según expone, el artículo "habla de 'neutralidad ideológica' sin especificar qué se entiende por eso". Es decir, advierte, "cualquier cuestión que no guste en el gobierno valenciano puede ser sospechosa de infringir esta supuesta 'neutralidad ideológica'". "En todo caso, el único elemento que, efectivamente, tiene una carga ideológica muy fuerte en el sistema educativo es la asignatura de Religión", asevera.

Ahora bien, STEPV "sospecha" que este artículo no se aplicará en la asignatura de Religión, sino en "otras cuestiones que puedan molestar a nuestro gobierno y que forman parte de los derechos humanos, de colectivos discriminados y de los derechos de la infancia". "Y es incluso posible que explicar el cambio climático sea adoctrinar a nuestro alumnado. Tiempo al tiempo", alerta.

Tras recordar la movilización histórica de la huelga docente a finales del pasado curso, que está actualmente suspendida pero no desconvocada, este sindicato acusa al Consell de dedicarse a "introducir la censura en el sistema educativo, acusar el profesorado de adoctrinar, desviar fondos para las infraestructuras afectadas por la dana a comprar ventiladores y negarse a aportar soluciones a los problemas del sistema educativo, que han generado un gran malestar entre el profesorado, como se ha visto a lo largo de la huelga indefinida".

DEROGACIÓN

Por todo ello, STEPV exige la derogación de este artículo y anima a la Inspección educativa, a los equipos directivos, al profesorado y a las familias a obviarlo "y trabajar para solucionar las necesidades reales de la educación pública valenciana". De lo contrario, señala que "esta medida tendría que incorporarse a la plataforma reivindicativa que ha motivado las fuertes movilizaciones de este pasado curso".

Por su parte, CCOO PV también en un comunicado denuncia que los cambios abren la puerta a que la Inspección "se convierta en una herramienta de control ideológico, intimidación o persecución del profesorado". "Hablar de 'neutralidad ideológica' y 'adoctrinamiento' sin delimitar con precisión qué significan estos conceptos genera una inseguridad intolerable en los centros educativos", advierte.

Y recalca: "No aceptaremos que educar en igualdad sea considerado adoctrinamiento. No aceptaremos que hablar de derechos humanos, diversidad, memoria democrática, emergencia climática o justicia social ponga al profesorado bajo sospecha. No aceptaremos que las familias, los equipos directivos o la Inspección educativa sean utilizados para construir mecanismos de vigilancia ideológica dentro de los centros".

CCOO PV defiende que el profesorado valenciano "no necesita tutores ideológicos", sino recursos, plantillas suficientes, menos ratios, infraestructuras dignos, inclusión real, estabilidad, respeto y condiciones de trabajo que permitan "educar con calidad". "Y necesita, sobre todo, que la administración deje de convertirlo permanentemente en el problema del sistema educativo", subraya.

Este sindicato exigirá que cualquier actuación derivada de estos artículos "respete escrupulosamente la libertad de cátedra, los derechos fundamentales, la autonomía profesional docente y las garantías del personal". Promete además que ofrecerá asesoramiento, acción sindical y defensa jurídica al profesorado, al que invita a "organizarse para plantar cara colectivamente a cualquier abuso". "Ni profesorado vigilado, ni centros amordazados", concluye.

Y UGT-PV criticó la decisión a través de un mensaje en su canal de Telegram, en el que señaló que "adoctrinar es decirte qué debes pensar", mientras "educar es enseñarte a pensar". "Defender la igualdad, la dignidad y los derechos humanos no es imponer una ideología. Es educar. Es democracia. Es libertad", reivindicó.

COMPROMÍS ESTUDIARÁ ACCIONES JURÍDICAS

Al margen de los sindicatos, el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, denunció el pasado miércoles que, con estos cambios, "el PP se pliega a Vox y crea una policía política en la Inspección para perseguir a docentes de forma absolutamente antidemocrática" e instaurar "miedo" en "una suerte de proceso inquisidor sin precedentes en la democracia valenciana". "Evidentemente, estudiaremos acciones jurídicas contra esta barbaridad antidemocrática", avanza.