VALENCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal pidió hoy una pena de un año y medio de prisión para tres hombres acusados de provocar daños a entidades bancarias, locales comerciales y mobiliario urbano de propiedad municipal en una contramanifestación convocada en Valencia por la llamada 'Asamblea Antifascista' en protesta a la que celebraba a la misma hora la Plataforma España 2000. Durante el juicio, que tuvo lugar hoy en el juzgado de lo penal número 7 de la ciudad, los acusados negaron los hechos que se les imputan y aseguraron que no portaban objetos contundentes.
Los tres hombres, acusados de un delito de desórdenes públicos y otro de atentado, afirmaron que acudieron a la contramanifestación que tuvo lugar a las 18.00 horas del día 2 de marzo de 2002 en las inmediaciones del Mercado de Russafa, pero que lo hicieron "sin objetos contundentes" y "sin ropa" para cambiarse tras la marcha.
Además, los acusados, quienes se negaron a responder todas las preguntas formuladas por la acusación de España 2000, indicaron que el objetivo de la contramanifestación no fue el de "impedir" la manifestación de la Plataforma. También negaron conocer a otra persona que en un principio fue detenida y acusada de los mismos delitos y para la que, al final del juicio, el fiscal retiró la acusación.
Por su parte, algunos de los agentes de Policía que acudieron hoy a declarar como testigos apuntaron que, tras desplazar a los contramanifestantes fuera de las zonas del recorrido de España 2000, un grupo de unas 25 personas, entre las que se encontraban los tres acusados, actuaron contra ellos y provocaron daños en diversos locales pero, dijeron, "no llegaron a enfrentarse" a los participantes de la otra manifestación.
Uno de los policías aseveró también que este grupo de personas "estaba organizado" y que su objetivo era el de "impedir" la manifestación convocada por España 2000. Asimismo, señaló que llevaban los "rostros cubiertos con bragas" para que no se les reconociera.
"RUZAFA LIMPIA".
Según el relato del ministerio fiscal, la Plataforma España 2000 convocó una manifestación a las 19.30 horas del día 2 de marzo de 2002 --que comunicó a la Delegación de Gobierno-- cuyo recorrido era el de las calles del barrio de Russafa bajo el lema 'Ruzafa limpia, no a la droga, no a la delincuencia, no a la inmigración ilegal'.
A la vista de esta convocatoria, la denominada 'Asamblea Antifascista' convocó a las 18.00 horas del mismo día a sus simpatizantes para que se concentraran en las inmediaciones del Mercado de Russafa con el objetivo de oponerse a la convocada por los que ellos llamaban 'Neo-Nazis de España 2000'.
Ante la posibilidad de que hubiera incidentes entre los dos grupos, y para evitar alteraciones del orden público, la Jefatura Superior de Policía dispuso un operativo especial de control. Éste efectuó una carga para desplazar fuera de las zonas del recorrido de España 2000 a los contramanifestantes, quienes portaban pancartas alusivas a la manifestación de la Plataforma y, en algunos casos, dirigiéndose a los agentes con frases como 'la policía tortura y asesina'.
Tras ello, según el relato del acusador público, un grupo de unas 25 personas, entre las que se encontraban los tres acusados, cruzaron vallas, contenedores y vehículos en la calzada y, al llegar al cruce de la calle Filipinas con la calle Centelles, lanzaron piedras y otros objetos contundentes contra un vehículo de la policía local y contra uno de los agentes.
Después de "destrozar" el vehículo municipal, al que causaron daños tasados en 3.222,94 euros, los acusados, en unión de otras personas que no pudieron ser identificadas, se dirigieron, por la calle Filipinas, hacia la Avenida Doctor Waksman volcando contenedores y causando daños a entidades bancarias, locales comerciales y mobiliario urbano de propiedad municipal.
En concreto, tal y como señala el fiscal, los detenidos destrozaron tres contenedores de basura; tres paradas de autobus; y las lunas de varios establecimientos de alimentación y entidades bancarias.
Por todo ello, el ministerio fiscal reclamaba para los tres detenidos una pena de 4 años de prisión que, finalmente, rebajó a un año y medio, además de una indemnización total de unos 30.000 euros --3.200 euros para la Policía Local; 3.500 para el Ayuntamiento; 1.890 para Telepizza; 3.200 para la CAM; 1.570 para Bancaixa y otros 16.000 euros para La Caixa--.
