CASTELLÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo contencioso-administrativo ha admitido a trámite la demanda presentada el pasado mes de septiembre por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT contra el Ayuntamiento de Castellón por querer adjudicar a una empresa privada la seguridad y la vigilancia de los edificios y recintos de propiedad municipal, según informaron en un comunicado fuentes del sindicato.
Desde la sección sindical del área de Policía Local de la FSP denuncian que con esta decisión, el equipo de Gobierno municipal "está incumpliendo la Ley 6/1999, de 19 de abril de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, que en su artículo 5, referido a la prestación de servicio, dice que el ejercicio de competencias municipales derivadas de la prestación del servicio de seguridad pública será realizado de forma exclusiva y directa por funcionarios de los Cuerpos de Policía Local, sin que en ningún caso quepa la gestión indirecta o diferida del servicio".
Para los responsables de la FSP de UGT, el actual equipo de Gobierno quiere "vender a los ciudadanos que, con esta decisión, tendrán un mejor servicio, ya que liberarán a los agentes que están cumpliendo ahora estas funciones y se dispondrá de más efectivos en las calles".
Pero, la realidad, según los responsables de la FSP, "es que la seguridad de los edificios públicos es un lugar de destino para muchos compañeros y compañeras a los que se les reconoce la situación de segunda actividad y que, bien por edad o por situación médica, no pueden realizar tareas en la calle".
Al mismo tiempo, desde la sección sindical del área de Policía Local de la FSP se considera una "barbaridad" el coste que supondrá privatizar este servicio, más de 1,6 millones de euros de las arcas municipales, "dinero, hay que recordar, que sale del bolsillo de todos los ciudadanos y cuyo gasto es totalmente innecesario", se apuntó.
