VALENCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El primer teniente de alcalde y el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, aseguró que el Ayuntamiento de Valencia "no quiere corresponsabilizarse de la mala gestión" de los rectores del Levante y que "al final el club termine por desaparecer totalmente" porque cuando se refieren a la recalificación del estadio "hablan de su último patrimonio".
El edil explicó que lo que dijo ayer fue que "una recalificación no se hace en media hora, lleva un trámite y supone como mínimo año y medio". Grau recordó que el caso del Valencia, "pasaron años" hasta que se produjo. "Se han tergiversado mis declaraciones", matizó en declaraciones a Radiesport que recoge Europa Press.
Grau desveló que en la reunión que tuvo con los dirigentes del Levante en octubre les preguntó si "eran conscientes de lo que estaban pidiendo, porque no piden una recalificación del estadio para construir un estadio nuevo, lo que piden es una recalificación para pagar las deudas".
El edil dijo que si se recalifica el estadio, se vende y no hay un proyecto para la construcción de uno nuevo "al día siguiente ¿dónde jugamos, en el río?" se preguntó. El concejal fue gráfico para explicar la situación. "Si he administrado mal mi patrimonio y sólo me queda la vivienda donde vivo y me la juego para pagar deudas, al día siguiente a dormir al banco del parque", señaló.
Grau se preguntó su "¿está el Levante en condiciones de firmar un protocolo como el que firmó el Valencia? si lo está vamos a ello". La diferencia, según el primer teniente de alcalde es que "el equipo de Mestalla tenía un compromiso de construcción de un nuevo campo".
El concejal avisó de que "nadie recalificará un espacio deportivo para pagar deudas, porque no se ha hecho, se recalifican para construir nuevos campos". Así pues, es "condición inexcusable un compromiso en documento público y avalado por los gestores del club de que ese dinero --el de la recalificación-- se destinará a construir un nuevo estadio".
Mientras llega la recalificación, Grau confesó que los rectores del Levante "están pidiendo un documento de compromiso de recalificación para hipotecar lo terrenos que tienen con una edificabilidad futura, para pagar las deudas y salir de la situación financiera en la que se encuentra".
"Usted no me puede pedir --continuó-- que le haga un documento con el cual yo me vaya a un entidad de crédito. Yo le puedo dar la ficha urbanística de sus terrenos con el coeficiente de edificabilidad, pero eso no es suficiente para que una entidad de crédito les dé dinero", explicó, "porque ya le pasó al Valencia que no sacó un céntimo con eso documento", recordó.
Grau considera que los últimos movimientos de la entidad "lo que están haciendo es cargar de responsabilidad al ayuntamiento por culpa de la pésima gestión patrimonial y deportiva" de los dirigentes del Levante y además "pretenden que sea el ayuntamiento que, además del aval, firme un documento sobre la edificabilidad".
El edil calificó de "indecente" tratar de ocultar "una mala gestión moviendo los sentimientos contra un gobierno municipal que no ha hecho más que ayudarles en todo momento". "Eso se lo digo al señor Romero y al señor Villarroel a la cara porque ellos son los que han gestionado el club, no el Ayuntamiento", reiteró.
SE SOLIDARIZA CON LOS JUGADORES.
El primer teniente de Alcalde aseguró que se solidariza "con los jugadores", pero "lo que no se puede es aceptar que el responsable del desastre en la gestión del club sea el Ayuntamiento de Valencia".
El protocolo que se firmó en octubre "no da para pagar la deuda". "La situación del club no es para esperar a la recalificación y por eso se les ofreció para salvar la situación a corto el aval de los cuatro millones de euros", destacó.
Grau afirmó que el tratamiento ha sido "ventajoso" para el Levante porque al Valencia nunca se le ha firmado un aval. "Este es el segundo aval que se le concede al Levante, porque en la temporada 93-94 se le dio un aval de 140 millones de pesetas para que saliera de una situación parecida a ésta", recordó.
El concejal manifestó con rotundidad que no permitirá que por una actuación suya "una entidad malvenda su patrimonio y perjudique a su colectivo".